El campo de Córdoba acoge con frialdad un decreto de sequía insuficiente para paliar los daños

Las actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de marzo han sido bien recibidas por los representantes de la actividad agraria , pero todos ellos coinciden en que se han quedado cortas para paliar todos los numerosos daños ya causados por la falta de pluviometría en el campo.

Las medidas impulsadas por el departamento encabezado por el cordobés Luis Planas (PSOE) se dividen en tres tipologías. Las que más se han escuchado en los medios de comunicación tienen que ver con la fiscalidad, sobre todo la reducción de un 20 por ciento del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el IRPF por el método de estimación objetiva, popularmente conocido por el de módulos, así como la exención del pago del IBI de naturaleza rústica para determinados productores que cumplan una serie de requisitos.

El secretario general de la Asociación de Regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias , explicó a ABC que ambas mejoras son «bienvenidas», pero, al mismo tiempo, «resultan insuficientes dada la situación actual». «Por ejemplo, para poder optar a la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles hay que justificar una merma de la producción superior al 30 por ciento, un cálculo que no sabemos cómo se hará, por lo que nos tememos que este anuncio pueda quedarse en pura propaganda del Gobierno».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa , apuntó que «está por ver esas condiciones para disfrutar de la reducción del IBI, además de que como no se agilice la tramitación burocrática de forma sencilla, la aplicación de esta medida será muy complicada».

En materia laboral, el Ministerio de Agricultura se compromete a aplicar aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia (SETA) con un interés del 0,5 por ciento, «siete veces inferior al habitual», según aseguró el cogobierno formado por socialistas y Unidas Podemos. «Consideramos que es una reforma positiva, pero se queda por debajo de lo que recogió en los últimos decretos de sequía que se pusieron en marcha en 2006, 2007 y 2008, cuando se condonaron directamente esas deudas», indicó el representante de Feragua.

Fernández de Mesa resaltó que «lo que necesitamos no son atrasos de pagos, sino medidas que supongan un ahorro desde el punto de vista fiscal». En este ámbito también se contempla la reducción de 35 a 20 del número mínimo de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria. La Subdelegación del Gobierno calcula que este punto del decreto beneficiará a unas 18.000 personas en la provincia de Córdoba.

En materia económica, el Ejecutivo central pondrá en marcha dos líneas de ayudas, una de ellas destinada a la bonificación del principal de las operaciones de financiación formalizadas en las entidades bancarias por los productores agrarios, mientras que la segunda consiste en la aplicación de avales . Parias lamentó que la primera de estas convocatorias de subvenciones «apenas recoge un presupuesto de 10 millones de euros, una cantidad claramente insuficiente debido a la gran cantidad de créditos existentes en nuestro sector para llevar a cabo la modernización de las plantaciones». El máximo responsable de la patronal agraria apuntó que «esta medida es lo que siempre habilitan en las crisis económicas, por lo que pedimos que los periodos de carencia de estos créditos sean acordes a cada solicitante».

Desde Feragua se echan en falta varios aspectos de la normativa gubernamental aprobada la semana pasada, como es el caso de medidas para paliar el incremento de la factura de la luz de los regantes, ya que «el gasto por la electricidad se ha desbocado al llegar a triplicarse respecto a la última campaña de riego». «Un precio de la luz a 400 ó 500 euros por megavatio es una barbaridad al ser 10 veces superior a lo que se pagaba normalmente en los últimos años», dijo Parias, quien agregó que «el Gobierno central se ampara en Europa a la hora de justificar la imposibilidad de poder aplicar políticas en este sentido, pero nosotros pensamos que no es así porque países como Francia, Portugal, Italia o Grecia cuentan con un tipo de IVA para la factura energética que ronda entre el 4 y el 11 por ciento, mientras que en España se mantiene en un 21 por ciento».