Materno-Infantil | La delegada de Salud afirma que la obra se solucionará con la «Ley de Contratos»

La responsable de la sanidad pública en Córdoba aseguró desconocer al detalle el conflicto técnico entre la Administración y la unión de empresas que se hizo cargo del Materno Infantil , ya que eso son «cuestiones del día a día» del área de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) . También dijo desconocer si el caso terminará en los tribunales en caso de que no haya acuerdo entre ambas partes .

La paralización de las obras se ha llevado a cabo, según informó Salud la semana pasada, sin el acuerdo con la Administración . Los constructores, consultados por este medio, alegaron que había un problema con los colectores de saneamiento que obligaban a modificar el proyecto. Las obras del nuevo Hospital Materno Infantil fueron encargadas en el verano de 2019 a la unión temporal de empresas formada por Jícar y Acciona. Su coste estimado roza los ocho millones de euros.

Técnicos del SAS y de las empresas constructoras responsables de la construcción del nuevo Materno-Infantil han iniciado una ronda de conversaciones con el objetivo de buscar una solución dialogada a la actual paralización del proyecto. Las empresas optaron por parar la ejecución del proyecto por las diferencias existentes con el SAS de acuerdo a determinadas unidades de obra que han provocado sobrecostes, según los informes que relatan la situación interna del proyecto.

Los responsables políticos de la Junta han dado instrucciones para emprender este tipo de negociaciones con el objetivo de evitar una resolución del contrato , que es un procedimiento tremendamente complejo. El del Palacio de Congresos de la calle Torrijos tardó años y tuvo el proyecto literalmente empantanado.

El margen de negociación de este tipo de cuestiones, que es bastante más normal de lo que se cree en materia de obra pública, tiene opciones que son posibles y otras que no lo son. Todo lo que no supere el diez por ciento del precio de la licitación puede realizarse sin modificar nada aunque con informes que garanticen que se paga más por algo que es totalmente necesario. Superar el diez por ciento de licitación del precio suele significar romper la vinculación, acabar en los tribunales y realizar una nueva contratación pública competitiva. Las partes suelen llegar a acuerdos porque a las empresas no les interesa perder la obra y a las Administraciones temen un daño reputacional, sobre todo, ante los electores.