El Ayuntamiento de Córdoba usa «Foro Romano» para la calle Cruz Conde sin que acaben los trámites

El gabinete de prensa consistorial trasladó el martes a los medios de comunicación, como hace a diario, la agenda de la regidora para la próxima jornada. Una de las citas emplazaba a los periodistas a la « calle Foro Romano (antigua Cruz Conde) », un detalle que no pasó desaprecibido pues es la primera vez que el Ayuntamiento habla en pasado de una vía que, por el momento, sigue rotulada al estilo franquista . Aunque de forma extraoficial ya hay quien se está entrenando para acostumbrarse a llamar a esta céntrica calle comercial -y las otras doce que cambiarán de nombre - por su nueva nomenclatura, es pronto para que el Consistorio lo emplee en sus comunicaciones oficiales. Así lo certifican fuentes jurídicas municipales, que explican que el nuevo callejero no ha superado aún todos los trámites que tiene por delante.

En primer lugar, explican estas fuentes, se trata de un acto admnisitrativo que tiene que ser notificado . Es decir, el Ayuntamiento de Córdoba deberá comunicar a los afectados - vecinos o comerciantes con locales en las calles que se rotularán de nuevo- que se va a producir este cambio. Así se hizo por ejemplo en Madrid cuando el gobierno de Manuela Carmena aprobó modificar el nombre de 52 calles de la capital. El Consistorio envió cartas a los vecinos para comunicarles el proceso y evitar que el cambio les pillara desprevenidos. Hay que recordar que el cambio de rótulos obligará a actualizar los datos domiciliarios en todo tipo de documentos.

Otro trámite que deberá superar para que el cambio del callejero sea legítimo y oficial es su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La medida de renombrar determinadas calles de Córdoba parte del dictamen de la comisión creada a tal efecto, está aprobada por la Gerencia de Urbanismo y tiene el visto bueno de la Junta de Gobierno Local desde el pasado viernes 23 de noviembre, pero aún no ha sido publicado. Los letrados del Ayuntamiento lo señalan como un trámite necesario porque afecta a un gran número de personas, y así establece que ha de ser la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que defiende que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando «tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas».