El Ayuntamiento de Córdoba abrirá a la competencia general los contratos de más de 3.000 euros

La estricta aplicación de la ley dice que los ayuntamientos no tienen que publicar los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público , una web oficial, hasta que no son mayores. En el caso de las obras, cuando superan los 40.000 euros de presupuesto. En el caso de los suministros, 15.000. En 2020, el Ayuntamiento de Córdoba decidió que los llamados menores (entre 3.001 y 40.000 euros en el caso de las obras) también tendrían que pasar por esa publicación . La medida se encontró con una enorme resistencia interna en los servicios gestores de contratos de este tipo, que son la mayoría. La razón es que se incrementaba la carta de trabajo de servicios administrativos que no disponen, en muchos casos, de tramitadores formados.

El Consistorio optó por realizar una serie de cursos de formación para que los funcionarios fuesen capaz de usar estas herramientas, que están plenamente en vigor en municipios más pequeños incluso de cuantías menores. Sin embargo, el Covid paralizó tanto la Plataforma de Contratación del Sector Público como los cursos. Esa opción se reformó en una instrucción del mes de abril de 2021.

La nueva instrucción daba dos alternativas. La primera era la rupturista . Antes de adjudicar un contrato menor, los servicios gestores tenían que efectuar una publicación en la plataforma durante siete días hábiles para que las empresas interesadas pudiesen presentar sus ofertas económicas y presentar los documentos precisos para garantizar que saben hacer lo que se les pide. La segunda alternativa era la de toda la vida: pedir un mínimo de tres ofertas a empresas con capacitación técnica para realizar el contrato y elegir entre ellas la más beneficiosa para la ciudad.

La instrucción interna del Ayuntamiento de Córdoba fue bastante explícita al pedir a los funcionarios que gestionan estos asuntos que las tres ofertas se realizaran « mediante procedimientos que dejen traza de auditoría ». Es decir, que se hiciesen mediante sistemas escritos y no mediante meras llamadas telefónicas . Si una o varias de las empresas invitadas no presenta presupuesto, no hay que pedir más. Y existen una serie de contratos menores que se pueden dar directamente. Es el caso de las actuaciones musicales o aquellas cuestiones de carácter creativo que no están sometidos a la competencia de precios.

La realidad, reconoció Álvarez, es que la regla general ha sido que se ha usado la vía de las tres ofertas a empresas y muy pocos servicios han optado por abrir a la competencia las obras o suministros menores por medio de una página web abierta que está a la vista de todos. Es la vía menos liosa pero también es la que tiene más riesgos . El principal, que siempre sean las mismas empresas las invitadas. O que entre ellas exista un acuerdo para repartirse los contratos públicos. O que entre ellas existan similitudes societarias con distintas denominaciones mercantiles.

Este tipo de contratos menores se controlan siempre con posterioridad a su ejecución y pago. Cuando el lío está ya montado. La última instrucción que emitió la Delegación de Presidencia se centraba específicamente en evitar el fraccionamiento de contratos . El documento se firmó doce días antes de que IU y Podemos presentasen esas denuncias.

La nueva comisión de contratación quiere acabar con esa situación, sobre todo, tras lo acontecido en el departamento de Infraestructuras . La cuestión es qué modelo se utiliza teniendo en cuenta que una regulación más rigurosa puede significar una carga más relevante de trabajo sobre los departamentos. Buena parte de las concejalías no disponen de técnicos de administración general , los funcionarios que se hacen cargo de que todo el sistema de compras, certificaciones y pagos funcione.

La comisión de contratación quiere realizar también cambios sobre los contratos mayores , los que superan los 40.000 euros en obras y los 15.000 euros en suministros. Antonio Álvarez explicó que aquí el problema no es tanto de transparencia o fomento de competencia como de agilidad. Una de las cosas que se quiere hacer es trabajar con las memorias de los contratos, la parte que siempre se rechaza porque no se cumple una cuestión u otra. Una de las ideas que se barajan es crear una especie de test en el que los servicios tramitadores dejen por escrito si el proyecto cumple con todas las especificaciones que se le van a pedir sí o sí. Es un sistema de control muy similar al que tiene la Intervención que le permite, de un vistazo, saber cuándo un expediente va a pasar el filtro, cuándo tiene que ser corregido o cuándo no hay por dónde cogerlo.