El Ayuntamiento de Córdoba contrató a dedo a dos abogadas de Stop Desahucios

El decreto firmado por el edil Rafael del Castillo (IU) asignó una partida de 2.479 euros más IVA (520 euros) a cada letrada para desarrollar esta actividad entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2015. En total, casi seis mil euros que se dividieron entre dos profesionales con el objetivo de mantener la actividad en los cauces de un contrato menor (que no precisa de pedir ofertas comparativas) y porque las funciones fueron divididas. Una de las letradas tenía como finalidad atender ejecuciones hipotecarias y los casos de ocupaciones irregulares de vivienda (que, en puridad, entran dentro del orden penal al constituir un delito de usurpación), una «alternativa habitacional» defendida por entidades como Stop Desahucios para los casos de extrema necesidad y cuando la vivienda es propiedad de entidades financieras. La segunda letrada tenía la misión de asesorar sobre desalojos y sobre arrendamientos .

El decreto establece que ambas profesionales -que han participado en numerosas actividades de la plataforma de la que es activista el edil de Servicios Sociales- podían atender desde sus respectivos despachos profesionales con las personas remitidas por los funcionarios municipales . Con el tope económico establecido en el contrato, ambas profesionales recibieron 50 euros por consulta sencilla (hasta dos horas), 100 euros por trabajo de dos a cinco horas y 150 euros en los casos de cinco a diez. Los asuntos especiales se pactaban de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y las letradas. La facturación se realizaba de forma mensual. Fuentes municipales dijeron que el servicio no ha sido prorrogado aunque reconocieron colaboraciones de carácter «puntual». Un portavoz del grupo de IU defendió la legalidad de la medida y dijo que se cambiará el sistema este mismo año.

La versión del cogobierno es que se consideró que ambas eran las adecuadas por su perfil profesional pero lo cierto es que no se establecieron comparativas de currículum ni baremos de méritos o de ofertas económicas. Estas fuentes aseguraron que se trata de personas expertas en derecho hipotecario y que cuentan con informe técnico favorable para su contratación. El decreto solo hace referencia a un informe jurídico que permite el desarrollo del contrato. IU ya ha escuchado críticas de los sindicatos municipales porque el personal de la Oficina se asignó a dedo entre la plantilla municipal en vez de abrir una convocatoria para los funcionarios interesados.

El caso es especialmente polémico ante la realidad del Colegio de Abogados donde existe un turno de oficio en materia hipotecaria que aborda todos los problemas derivados de la vivienda habitual de las personas sin recurso. Se trata de abogados -las dos letradas de Stop Desahucios se encuentran en este turno- especializados en la materia y que constituyen una bolsa de 217 profesionales . Este equipo asistió 345 casos de manera gratuita -las facturas las paga la Junta- a personas que tienen problemas con su casa, ya sea un desalojo o dificultades para abonar las cuotas de la hipoteca o las llamadas cláusulas suelo. El Colegio recomienda a los usuarios que vayan lo antes posible para recibir asistencia grauita de calidad .

El Ayuntamiento inició conversaciones con el Colegio de Abogados para que fueran los miembros de este grupo de trabajo quienes se hicieran cargo de la asistencia legal gratuita a las problemas con problemas para conservar su vivienda. Las conversaciones nunca llegaron a concretarse .