Uno de los propietarios alega en la reparcelación de la Base Logística de Córdoba y pide 7,5 millones

El proceso de alegaciones al proyecto de reparcelación acabó este viernes, Entre ellas, según pudo saber ABC y confirmaron fuentes municipales, hay una llamativa. La familia Martínez Sagrera, uno de los agentes involucrados en esta operación como dueños de terrenos, ha dado la sorpresa al resto de propietarios de suelos de la Rinconada: Ayuntamiento, AVRA (Junta), la familia López-Crespo y la empresa Cargill. Se han encontrado con que, esgrimiendo la Ley de Minas, la familia Martínez-Sagrera les reclama 7,5 millones de indemnización por desistir de sus derechos de extracción de grava en los suelos que ha aportado a la operación. Durante la tramitación urbanística necesaria para que La Rinconada acoja la Base Logística dicha familia había desestimado plantear una reclamación de este tipo, pero finalmente la ha formulado.

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Pese a lo sucedido, fuentes municipales mostraron absoluta tranquilidad y descartaron que esta solicitud de indemnización pueda paralizar el proyecto de reparcelación, y con ello el proceso necesario para que se ejecute el macrocomplejo militar, llamado a revolucionar la economía de la capital, y el gran parque empresarial anexo a ella. Los interlocutores consultados en el gobierno local por ABC señalaron que esa alegación será contestada en Urbanismo y consideran que no tiene muchos visos de prosperar. Incidieron en que se responderá a ella, con lo que quedará resuelta y «no paralizará» el proceso de aprobación del proyecto de reparcelación de La Rinconada.

En el caso de que la familia Martínez Sagrera, tras las resolución negativa de su alegación -todo apunta a ello-, decidiera llevar su reclamación a los tribunales, en el Ayuntamiento también están tranquilos. Las fuentes municipales consultadas indicaron que, si esta cuestión acabara en la Justicia, «no nos paralizará tampoco».

Dicha familia ha sido un protagonista en los dos intentos que ha habido de dar vida a La Rinconada. En el primero fallido, que impulsó la Junta, a lo largo de la primera década del presente siglo pero que la larga crisis desatada en 2008 se llevó por delante, era un propietario fundamental de esos suelos.

Lo que acordaron la Administración y los Martínez Sagrera fue un convenio en el que se establecía que, por cada cien metros cuadrados de suelo que dicha familia entregaba al acuerdo, recibiría 15 metros cuadrados de parcela neta libre de cargas (urbanizados). Esa estructura se mantiene después de reformular la pieza urbanística de La Rinconada para dar cabida a la Base Logística.

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De hecho, si se miran las cifras del proyecto de reparcelación, se observa que esta familia sólo tendrá que pagar un 0,02% de los costes de urbanización de los terrenos. Serán 12.209 euros. euros sobre un total de 56,5 millones, repartidos de la siguiente forma: AVRA (30,4 millones), Ayuntamiento (5,6), familia López Crespo (20) y Cargill (424.733). Este sobresalto llega cuando esta macroiniciativa para el desarrollo de La Rinconada ha alcanzado velocidad de crucero.

Este mismo mes, como desveló ABC, se conocía que Todolivo, reconocida firma cordobesa especializada en la explotación del olivar intensivo, se ha convertido en la primera empresa en adquirir en torno a 8.000 metros cuadrados en el parque empresarial que se urbanizará junto a la Base. A esto hay que añadir que al menos otras tres firmas cordobesas en breve podrían formalizar la compra de terrenos en este enclave.

Por su parte, el Ministerio de Defensa continúa adelante con dos importantes licitaciones. Una es la de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción de la instalación militar, de todos sus edificios.

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La mesa de contratación de este concurso público ha propuesto a la UTE (unión temporal de empresas) Ingeniería BIM Córdoba como la ganadora -la adjudicación aún se debe formalizar-. Su oferta económica fue de 3,3 millones (IVA no incluido aún en esa cantidad).

Y la licitación para los trabajos de urbanización y vallado del complejo militar sigue dando pasos. Defensa tiene nueve ofertas sobre la mesa -tres tuvieron que subsanar defectos- para ejecutar unas actuaciones, cuyo presupuesto inicial de contratación es de 27,8 millones.

Entre las aspirantes a ejecutar estas obras, que, una vez que arranquen, deben durar 18 meses, hay gigantes nacionales de la construcción y también firmas de nuestra tierra. Así, se han presentado, entre otras, a este concurso Dragados; FCC-Sando; Ferrovial junto a Barea (conocida compañía local), la cordobesa Sepisur; o Acciona en alianza con dos potentes firmas de la provincia, Jícar y Magtel.