Los procesos judiciales exprés para reclamar deudas suben un 32% en seis meses en Córdoba: 2.361 más que en 2024

Así aparece en el último informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de enero a junio se presentaron 9.713 procesos de este tipo, frente a los 7.352 del mismo periodo del ejercicio anterior.

Por contra, las denominadas reclamaciones de cantidad donde, a diferencia de los monitorios, la deuda es discutida, no documentada claramente o requiere prueba, han experimentado un descenso: en el primer semestre se han registrado 890 mientras que de enero a junio de 2024 fueron 919.

El trabajo de los juzgados cordobeses centrado en asuntos económicos también se vio incrementado en el citado periodo en relación a los concursos de acreedores. El número total de procedimientos concursales presentados llegó hasta los 339, frente a los 306 del ejercicio anterior.

La mayoría de quiebras las interpusieron personas naturales no empresarias: de enero a junio fueron 309 sobre el total. Y un elevado porcentaje lo hicieron para acogerse a la llamada 'segunda oportunidad', un mecanismo que permite reducir la carga financiera e incluso llegar a la cancelación total de las deudas pendientes.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, los concursos de personas físicas no empresarias, que antes dependían de los Juzgados de Primera Instancia, pasaron a ser gestionados por los Juzgados de lo Mercantil, lo que ha modificado el tratamiento de estos procedimientos.

En lo que respecta a las demandas por despidos, también aumentaron en los juzgados cordobeses, si bien el incremento fue más moderado. De enero a junio se presentaron 831, frente a las 804 de 2024.

Igualmente, crecieron las ejecuciones hipotecarias en la comparativa intersemestral: este año ingresaron en el periodo analizado 267, mientras que el ejercicio anterior fueron 216 (un 23,6% más). Este procedimiento no significa el desahucio, si bien es el primero de los pasos que se dan cuando el propietario o arrendatarios de un inmueble no puede cumplir con los pagos.

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Los lanzamientos practicados, sin embargo, cayeron un 20,8 por ciento, con 110, de los que 33 derivaron de ejecuciones hipotecarias y 67, de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El último tipo de procedimientos que recoge el informe del CGPJ se refiere a los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, diseñados para proteger a los propietarios o legítimos ocupantes de un inmueble frente a la ocupación indebida o ilegal por parte de terceros. Entre enero y junio se contabilizaron nueve, el triple que el año pasado cuando apenas fueron tres.