La Junta cede por segunda vez la red de La Colada en Córdoba a Emproacsa

En una respuesta a petición de este medio, la Consejería asegura que «desde la Junta se les ha remitido escrito (a Emproacsa) autorizando el uso en el momento que sea preciso acceder a las instalaciones ejecutadas, para la realización de las obras de bombeo de emergencia». Además, «estamos en contacto con el técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para colaborar en lo que se pueda» y «le hemos facilitado información del proyecto».

La Junta, a finales de julio, levantó acta de la cesión a Emproacsa de las conducciones ya construidas entre las presas de La Colada y Sierra Boyera. Era un paso necesario para que otro organismo realice las obras de emergencia. Después, la Consejería remitió el documento a Emproacsa, pero la empresa provincial rechazó de forma airada la cesión de las conducciones en las condiciones que estipulaba la Junta. El motivo era que, en opinión de Emproacsa, lo que la Junta estaba haciendo era entregarle la propiedad definitiva de una obra que está sin terminar. En resumidas cuentas, la Diputación (regida por el PSOE) entendía que la Junta (en manos del PP) quería quitarse el muerto de encima endosándole la infraestructura.

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Esteban Morales, presidente de Emproacsa, lo explicaba así: «Se quiere entregar de manera definitiva unas obras que no están terminadas ni verificadas adecuadamente por la Junta, pretendiendo trasladar a la provincia la plena titularidad de las mismas y haciéndole responsable desde ese mismo día de su explotación, conservación y mantenimiento».

Agricultura, en su respuesta a ABC, asegura que no ha pretendido endosar las tuberías a la Diputación, sino «solo intentar hacer las cosas bien». Ahora, y «visto que no estaban conformes con dicha entrega total», ha vuelto a ceder las redes a Emproacsa en distintas condiciones.

El problema con el agua del norte no es sólo el rifirrafe político. Hay, además, demasiada incertidumbre. El documento elaborado por Emproacsa es una propuesta de acción, no un proyecto de obra definitivo. Habrá que ver si es técnicamente viable o si su puesta en marcha llegará a tiempo para impedir los cortes de agua en el norte de Córdoba. Sus planteamientos pueden ser asumidos por la entidad que tenga que resolver el problema, o no. La memoria de Emproacsa habla de cuatro meses de ejecución, pero ese plazo no tiene en cuenta la tramitación burocrática (que aún no ha empezado y puede tardar meses) y da por hecho que las cañerías, propiedad de la Junta, están en buenas condiciones. Se pusieron hace más de una década y jamás se han usado.

Esa es otra incógnita que tampoco la Junta puede despejar. La Consejería de Agricultura asegura a ABC que la comprobación del estado de las canalizaciones «solo se puede hacer cuando haya una obra y se empiece a comprobar si hay fugas o falla algo».

Queda también por definir quién paga todo esto, que según el proyecto de Emproacsa son 5,6 millones. La Junta no será, ya que ha dejado claro que no pondrá ni un euro porque no considera suyas las competencias de una obra provisional y además se hará cargo de la solución definitiva; como mucho, acepta ceder las canalizaciones, estén como estén. Tampoco es competencia de Emproacsa, que ejerce aquí de mediador aunque se ha mostrado dispuesta a colaborar en la obra, sin especificar de qué modo. Así que sólo queda el Estado, que puede actuar a través de la empresa pública Aquaes o alguna confederación hidrográfica, ya que la zona está repartida entre dos, Guadiana y Guadalquivir, si bien La Colada pertenece a la primera. La subdelegada del Gobierno, Rafi Valenzuela, garantizó a principios de julio que el Estado se haría cargo de la solución; a mediados de agosto, nada nuevo se sabe al respecto, salvo que los pantanos tienen cada vez menos agua.