Juan Antonio Merlos: «No hay que esperar a aprobar la ley, sabemos que no queremos la amnistía»

—¿Cree que el fiscal general pretende que estén en silencio?

—Pienso que la comunicación que ha realizado el Fiscal General del Estado (FGE) obedece a la carta remitida por los miembros del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales en la que solicitan al Fiscal General un pleno extraordinario para tratar un tema de tanto calado como la amnistía, pues no en vano son muchos los fiscales que están trabajando desde hace muchos años en causas, que de salir adelante el proyecto de ley que está tramitándose quedarán impunes.

Es conveniente que se sepa que el camino elegido para la aprobación de dicha ley es el Proyecto de Ley y no la Proposición de Ley, de haberse seguido la proposición de ley la tramitación lleva aparejada la obligatoriedad de que informen el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado y, en este caso, dado el camino elegido, ninguno de dichos órganos va a poder dar su opinión en un tema de tanta relevancia, de ahí viene la petición de los vocales de la Asociación de Fiscales.

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—¿Cuál es el posicionamiento de la Asocición de Fiscales en este asunto?

En la clausura del pasado congreso de la Asociación de Fiscales, celebrado en Jerez de la Frontera el pasado fin de semana, el Fiscal General del Estado manifestó que sobre este tema no se iba a pronunciar hasta que la ley estuviera aprobada, y en este sentido y con todo respeto a dicha posición mi Asociación de Fiscales disiente de tal planteamiento, pues la cuestión es si se está o no de acuerdo con la amnistía sin perjuicio de qué diga la Ley y que ámbito tenga etc... Quisiera poner un ejemplo para que se entienda mejor, imaginemos que lo que se debate es la instauración de la pena de muerte en este país, si estamos en desacuerdo da igual lo que diga la ley, es decir, si el condenado debe ser ejecutado en la silla eléctrica o en cámara de gas, si en realidad sobre lo que hay que pronunciarse es si estamos en desacuerdo o no con la pena de muerte, pues con la amnistía pasa lo mismo.

«Imaginemos que lo que se debate es la pena de muerte en este país, no entramos en si es con silla eléctrica o cámara de gas, lo que hay que pronunciarse es si estamos en desacuerdo o no; lo mismo pasa con la amnistía»

Juan Antonio Merlos

Delegado de la Asociación de Fiscales

Mi asociación ha llegado a la conclusión que la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico no cabe pues el legislador constituyente ya lo debatió y lo rechazó, en sintonía con lo que ha venido manteniendo la inmensa mayoría de los miembros del Gobierno antes de las elecciones de julio.

—¿En qué circunstancias se han podido aplicar amnistías?

—La amnistía se han dado en momentos históricos determinados, en concreto, en países que pasan de una dictadura a una democracia, como ocurrió en España. En esos casos hubo personas que lucharon contra ese régimen y de distintas formas para conseguir que se instaurara una democracia y muchos de ellos fueron condenados por ese régimen dictatorial por ejercer su libertad de expresión. A a modo de ejemplo, en España se dio una amnistía en el año 1977 porque había los que se denomina presos políticos, pero después llegó la democracia con la aprobación de nuestra Constitución en 1978 y desde ese momento hemos gozado de nuestros derechos y libertades fundamentales y en materia penal hemos venido aplicando un Código Penal denominado de la democracia que data de 1995, fruto del consenso de las Cortes Generales.

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Entonces, si no hay a nuestro juicio presos políticos porque vivimos en un Estado democrático y social de derecho sino políticos presos, la amnistía no tiene sentido. No en vano en las conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales se estableció que la misma obedecía a un interés particular. Debo concluir en este punto, que los fiscales nunca en España hemos acusado a nadie por ser o sentirse independista, solo se ha acusado por la comisión de acciones que en el Código Penal (repito, Código Penal de la democracia) que están tipificadas como delito.

—La misiva del Fiscal General del Estado apelaba a la necesidad de que la Fiscalía actúe siempre con arreglo al 'principio de imparcialidad'. ¿Cree que se está perdiendo ese principio?

—En absoluto, los fiscales cuando tomamos posesión de nuestros cargos juramos guardar la Constitución y todos los miembros del Ministerio Fiscal actuamos conforme a los principios del artículo 124 de la Constitución que establece que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

—¿Hay miedo entre los fiscales a la hora de hablar de la situación que vive la democracia con esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial?

—En la actual tesitura no es que exista miedo pero sí cierta reticencia, a esa reticencia le pongo como ejemplo lo que ocurrió con la ex Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal, que durante la pandemia escribió un artículo de opinión en un diario de difusión nacional donde manifestaba que a su juicio el Estado de Alarma era inconstitucional y ello llevó a que se le abriera un expediente, he de manifestar que el Tribunal Constitucional terminó compartiendo la tesis de la señora Madrigal.

—¿Hay ahora más injerencias del poder Ejecutivo en el Judicial?

—Pienso que siempre las ha habido, pero de un tiempo a esta parte son muchos los casos en los que los jueces tienen que solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial y es algo muy preocupante porque supone que no se le está dejando trabajar a los jueces con el sosiego que necesitan. Ahí está el caso reciente del juez García-Castellón, que ha tenido que solicitar amparo ante las declaraciones inquietantes nada menos que del secretario de Estado del Ministerio de Justicia, numero dos del Ministerio.

En este sentido observo que los miembros del Poder Judicial son más respetuosos y prudentes en sus manifestaciones con los otros dos poderes del Estado que algunos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, para con el Judicial, que, con el pretexto de la libertad de expresión, lo que hacen es vilipendiar.

—¿Cree que debe cambiar el modo de elección del Fiscal General del Estado para garantizar imparcialidad?

—Absolutamente. Es una demanda histórica de la Asociación de Fiscales. Mire, cuando vienen juristas de otros países a congresos se sorprenden que no sea el fiscal el que instruye/investiga una causa, sino que es un juez instructor el que le busca las pruebas al fiscal para que acuse y ello se debe a la reticencia existente en la forma de nombrar y cesar al Fiscal General del Estado. Deben de saber sus lectores que en todos los países de nuestro entorno quien investiga es el fiscal pues el juez debe tener como función juzgar y hacer cumplir lo juzgado tal y como establece nuestra Constitución, sin embargo en España no es así porque se supone que el Fiscal General depende del Gobierno. A nuestro juicio el fiscal General del Estado debería ser designado por mayoría de dos tercios de la Cámara, con un amplio consenso de las fuerzas políticas y que su mandato esté desvinculado del mandato del Gobierno, toda vez que actualmente si cesa el Gobierno cesa también el FGE, por eso proponemos que su mandato sea inamovible y cese por causas tasadas, aparte de que deberíamos tener autonomía presupuestaria que al día de hoy no la tenemos, pues dependemos en esa materia del Ministerio de Justicia.

—¿Qué se puede hacer para que esta ley no salga adelante?

—Desde el punto de vista judicial se podrían plantear cuestiones de inconstitucionalidad y prejudicialidad en instancias europeas. La Asociación de Fiscales considera que la amnistía supone la vulneración del principio de igualdad y la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas y perjudicados por el procés, a parte de ser un grave quebranto a la seguridad jurídica.

—¿Qué diferencia hay entre un indulto y una amnistía?

Mire, la diferencia entre un indulto y una amnistía es abismal, en el indulto una persona es juzgada por un delito y lo que se le perdona es la pena total o parcialmente pero el delito no desaparece, sin embargo, en la amnistía se borra el delito como si nunca hubiera existido. Pues bien, el problema se nos plantea y lo digo a modo de ejemplo cuando nos encontremos que habrá personas que no pueden ser juzgadas ni mucho menos condenadas por un delito de malversación de caudales públicos porque todo lo han hecho por una motivación política y yo me pregunto qué ocurre con el que ha cometido el mismo delito pero en Andalucía, cómo le explicas que su motivación no está amparada y que será condenado a una pena grave. Por eso decimos que la amnistía puede ser un grave quebranto del principio de igualdad y la quiebra de los principios que definen a España como un Estado de Derecho.

—¿Qué relación tiene con el fiscal general del Estado?

—Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años cuando ambos llevamos la especialidad de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio y desde entonces he tenido una buena sintonía si bien en algunos temas tenemos visiones diferentes, pero nos respetamos y nos llevamos bien.