León logró la ayuda de Diputación con un compromiso de «deuda cero» pese al embargo de Hacienda

La Ley General de Subvenciones impide a dar ayuda alguna a las personas físicas o jurídicas que tienen deudas pendientes con la Administración en materia tributaria. Y una de las cuestiones que tienen que comprobar las instituciones antes de firmar un acuerdo de colaboración de estas características que se cumplen con estos compromisos. El Córdoba CF lo hizo en dos ocasiones. Consta que presentó sendas certificaciones del mes de julio (según la firma electrónica de los documentos) en los que aseguraba que no había deudas que impidiesen. El siete de septiembre de 2019 lo hizo una tercera vez con un escrito firmado a mano, a nombre de Jesús León López y en calidad de presidente del Córdoba CF.

Con el sello del club, la declaración responsable asegura que su empresa no tiene ninguno de los supuestos que le impiden percibir una subvención. Es decir, que no ha sido condenado por sentencia firme a la imposibilidad de obtener ayudas, que no está en concurso de acreedores o que no debe dinero ni al fisco ni a la Seguridad Social. Este periódico no ha podido comprobar en qué momento se produjeron las deudas que dieron lugar al embargo de ingresos , pero ningún expediente de esta naturaleza entra en fase de apremio directamente. Cada normativa reguladora de los impuestos señala cuántos días dura cada fase. La regla general es que los impuestos tienen una fase de pago en voluntaria y otra ejecutiva, que es donde se pueden empezar a tomar medidas como los embargos. Un experto fiscal consultado por ABC entiende como altamente improbable que, en las fechas en las que se emitió la declaración responsable , no hubiese ninguna información cierta sobre un pasivo con el fisco bien por un aplazamiento no atendido, bien por una declaración trimestral de IVA no satisfecha. El trimestre inmediatamente anterior de pago del impuesto culminó el 20 de julio.

En esa declaración responsable, León daba permiso explícito a la Diputación de Córdoba a que recabase sus propios certificados ante la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social con el objetivo de garantizar que la declaración responsable era un hecho cierto. En el expediente, no consta que se hiciese nada parecido. La institución provincial dio por buenos los documentos que se habían presentado con fecha electrónica de julio, redactó el convenio, recibió el visto bueno de los juristas de la institución y el 18 de septiembre se firmó. No es posible afirmar que fuera una operación de urgencia para paliar la tesorería del club ya que la orden del entonces diputado de Deportes, Martín Torralbo (PSOE), para iniciar las gestiones se dio en febrero.

El informe técnico realizado por el Área de Bienestar Social le dio entidad a la declaración responsable en un informe en el que da el visto bueno al convenio: «Queda acreditado en el expediente, mediante Declaración Responsable del representante de la entidad, que el beneficiario r eúne todos los requisitos establecidos en la legislación vigente para obtener la condición de beneficiario de subvenciones». Explica además que las oportunas certificaciones dan fe de que se le puede pagar la ayuda. No hay ninguna referencia al desfase temporal: por qué el certificado que presenta el Córdoba de que no tiene deudas de Hacienda tiene fecha de 5 de julio, el de la Seguridad Social de 12 del mismo mes y la declaración responsable es de septiembre.

El empeoramiento de la situación económica de la entidad durante los meses de verano, en el que tuvo que vencer la inscripción del equipo pagando antes las deudas, no era precisamente un secreto en Córdoba . El convenio perseguía duplicar la aportación de la Diputación a las arcas del equipo que tradicionalmente eran de 30.000 euros y servían para pagar desplazamientos de la afición fuera de Córdoba. En este caso, el acuerdo tenía una dirección muy específica y es la de sufragar los costes de una residencia de futbolistas de las categorías base. El Córdoba CF tiene alquilada una casa en la que residen estos deportistas con el objetivo de mejorar su formación. El equipo asegura que la casa y los suministros de la misma ascienden a 66.000 euros. La Diputación se comprometía a pagar 60.000 euros y el Córdoba, a los 6.000 restantes.

En realidad, el club blanquiverde, si alguna vez desbloquea ese dinero, tendrá que justificar el gasto del convenio con facturas muy concretas y sobre todos los gastos que genera esa actividad y no cualquier otra. El convenio dispone de un presupuesto bastante detallado de partidas como energía eléctrica, personal de apoyo o gastos de mantenimiento de todo tipo de la residencia. El Córdoba CF tendría que mantener en todo caso el servicio cofinanciado durante toda la vigencia del acuerdo y establecer una justificación sobre las cantidades gastadas en el mismo.