El Ayuntamiento de Córdoba, copropietario de suelo en La Rinconada por un embargo

La culpa la tenía un embargo tributario. Los técnicos municipales que llevaron a cabo la reparcelación se encontraron con que la ciudad contaba con una finca de 75.000 metros cuadrados en la zona: desde el año 2017 (fecha que aparece el asiento registral) es propietario de la antigua Azahara Textil, una nave enorme que se encuentra en estado ruinoso por el abandono al que fue sometido y por la presencia de grupos de personas que dejaron las instalaciones literalmente en el esqueleto.

Azahara Textil fue una de las grandes industrias de la ciudad que cayó en las sucesivas crisis de finales del siglo XX como ocurrió con Colecor, la Algodonera o Iccosa. Hubo un intento por mantenerla con vida pero el asunto acabó judicializado. La Junta financió un supuesto plan para la reconversión de los trabajadores que quedaban en el sector de la automoción. La ayuda librada en 2001 se denunció como irregular aunque en 2017 se optó por archivar el caso. Fue uno de los asuntos en los todo decayó por el tiempo que había pasado.

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Las instalaciones (decenas de miles de metros cuadrados construidos junto a Alcolea) acabaron en manos de una empresa subastera. Y el nombre del propietario es el que aparece en buena parte de los documentos registrales hasta que el Ayuntamiento de Córdoba aporta certificación de propiedad en 2017.

Se quedó con la finca por un impago continuado del Impuesto de Bienes Inmuebles. Cuando se llevó la operación al Registro de la Propiedad, la fábrica de Azahara Textil ya no existía. De hecho, se consideró suelo urbanizable por el Plan General al contrario de lo que ha pasado con la antigua Procter and Gamble, que es suelo urbano.

El Ayuntamiento tiene derecho a un incremento sustancial de las parcelas lucrativas resultantes en la reparcelación. Suelo neto que podría vender (en condiciones normales) con el objetivo de resarcirse del dinero que tendrá que poner para la urbanización del sector. Los grandes propietarios del sector son las familias López Crespo, Martínez Sagrera y AVRA, una agencia de la Junta. Los aprovechamientos que han financiado la cesión de suelo a Defensa han salido en su integridad de propietarios públicos.