Se agua la doble tarifa

Lo curioso es que en 2018 ya se reguló este cambio tarifario, a través de la Ley de la Sequía. Un año después la Ley de Acompañamiento Presupuestario hizo lo propio y, en 2021, la Ley de la Cadena Agroalimentaria también lo incluyó en su articulado.

Pero al final, las leyes hay que desarrollarlas y en este caso el bloqueo ha sido evidente, algo que cuesta entender, ya que limitar el regadío es un enorme error económico, social, e incluso medioambiental, que es difícil de justificar.

La capacidad de producir más en menos espacio tiene un valor medioambiental incalculable, de la misma manera que lo tiene la construcción y conservación de las infraestructuras hidráulicas, que permiten el desarrollo de entornos húmedos y de sus ecosistemas, que sin la adecuada gestión del agua, desaparecerían.

La reducción del IVA también es una medida necesaria. En Francia este gravamen es del 5,5%, en Portugal del 6%, en Grecia del 6% y en Italia, del 10%. Una cuenca mediterránea que, salvo España, ha apostado firme por mejorar la fiscalidad de sus regadíos. Las comunidades de regantes se consideran consumidores finales y, por tanto, no compensan el IVA, siendo un elevado coste directo en su cuenta de resultados.

Otro efecto indirecto es el abandono de la actividad en los últimos años. Al prorratearse el gasto de mantenimiento de las infraestructuras entre los miembros de cada comunidad de regantes, el abandono que se está produciendo de la actividad implica un aumento de los costes para los que se quedan.