Veredicto: la Justicia en déficit

Por ello, la junta de personal de Justicia —integrada por representantes de los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, STAJ y CC.OO.— has trasladado al presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, cuáles son las necesidades «prioritarias» de la Justicia en Córdoba, como ya ha comunicado en más de una ocasión a la Consejería del ramo.

Así, los delegados de los trabajadores aseguran que se precisan unas «cien plazas más» de funcionarios para paliar el déficit en los distintos órganos. Además, reprueban que solo haya 17 refuerzos para atender incidencias. Según apuntaron, «podemos decir que Córdoba no tiene realmente refuerzos, ya que estos no cumplen su función, se han convertido en estructurales y sirven para suplir la falta de plantilla», apuntó a este periódico el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO Córdoba, Domingo Castillo, que añadió que «se necesitarían entre ocho y diez más».

Además, es necesaria la creación de cinco juzgados más, entre ellos, uno para Familia y otro para los juzgados de los Social. «Con el panorama actual —añadió Castillo—, solo se consigue una justicia de primera y otra de segunda. Los órganos de los pueblos soportan, además, un 25% más de carga de trabajo con respecto a la capital, y en ocasiones con menos personal. Si a eso le sumamos el dato de que los órganos de Córdoba están, en general, sobrecargados... La Administración debe normalizar esta situación», dijo.

Estas carencias están provocando colapsos en juzgados como Instrucción número 2 de Peñarroya, al límite de su capacidad al tener que ocuparse del denominado«Caso Rocket».

Al respecto, el procedimiento, que investiga la comisión de presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), está retrasando el resto de causas del órgano, que se encuentra desbordado, algo que ya vaticinaron en su día desde el juzgado. Por ello, se ha solicitado en hasta cuatro ocasiones un funcionario para ayudar a tramitar el complejo caso. La Junta se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear un refuerzo para este órgano, que no da más de sí.