Junto a estas jurisdicciones, el Ejecutivo comunitario ha decidido extraer de la lista a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda. Por contra, se han incluido Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
Bruselas revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.
Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una «vigilancia reforzada», pero la UE suma otros países en base a criterios propios.
La Comisión dice haber examinado «cuidadosamente» las preocupaciones expresadas respecto de su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica «exhaustiva», según ha defendido la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando información recogida a través del GAFI, diálogos bilaterales y visitas 'in situ' a las jurisdicciones afectadas. «Confiamos en que los colegisladores actuarán con rapidez para respaldar esta importante medida», ha agregado en un comunicado la política portuguesa.
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