La presión migratoria pone en jaque a las Administraciones públicas

Si el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Algeciras cedió un pabellón para albergar la oleada de inmigrantes, algo que también han hecho ya los de Tarifa o Jerez , el colapso de los recursos existentes ha hecho que también el de Mála ga haya tenido que habilitar el pabellón deportivo José Paterna , atendiendo así la petición de la Subdelegación del Gobierno ante la falta de capacidad por parte de la Policía de albergar a estas personas.

Ante tal desbordamiento, son muchas las voces que reclaman una respuesta. Una de ellas es la de la Diputación Provincial de Cádiz, que pide al Gobierno central y a la Junta de Andalucía más medios para ayudar a los ayuntamientos a atender a los inmigrantes.

Y es que en lo que va de año han llegado a las costas de Cádiz más 7.000 inmigrantes , entre ellos más de 700 menores no acompañados.

La Diputación insta a los Gobiernos central y andaluz a aumentar las medidas de apoyo a los municipios y entidades sociales que están soportando el peso de la atención a los inmigrantes.

También pide al Gobierno de España que convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración para acordar la contribución e implicación solidaria de cada comunidad autónoma.

Esta situación se vive con especial intensidad en el Campo de Gibraltar , donde la oleada de las últimas semanas ha desbordado todas las previsiones , ha colapsado comisarías, juzgados, centros de acogida y recursos de ONG en toda la provincia de Cádiz.

Para intentar evitar el caos actual, el Ministerio del Interior está habilitando un centro de recepción y documentación en San Roque que podría abrir a finales de mes.

Mientras tanto, en el pabellón municipal de Algeciras seguían más de 100 inmigrantes, 48 en la comisaría de Algeciras, 21 en el CIE de Algeciras y 66 en el CIE de Tarifa.

Son muchas también las voces que abogan por el cierre de los CIE, que consideran prisiones para personas que no han delinquido. Además, los dos únicos CIE de Andalucía, situados en Algeciras y Tarifa , presentan unas condiciones lamentables.

El propio ministro del Interior ha reconocido que hay que mejorar la gestión de los mismos aunque apuesta por mantenerlos . Tampoco ha concretado si el Gobierno continuará con los planes del anterior Ejecutivo, que pretendía construir un nuevo CIE en Algeciras.

La voz más beligerante en este fenómeno está siendo por ahora la de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que ha vuelto a denunciar la «detención de dudosa legalidad» en estos pabellones.

Esta ONG ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo Español en la que denuncia la «grave y sistemática vulneración de derechos» y reclama una inspección de las instalaciones habilitadas temporalmente como centros de detención.

«No se puede privar de libertad en instalaciones que no estén legalmente destinadas a esos fines. En estos centros brillan por su ausencia los planes de prevención de suicidios y falta personal especializado en resolución de conflictos», apunta.

También denuncia que el derecho a la asistencia médica y sanitaria se ve comprometido porque no se cuenta con personal suficiente y reclama una atención jurídica y social adecuadas para los inmigrantes.