Preocupación entre los sindicatos policiales por la falta de transparencia en los test a inmigrantes

Los 38 inmigrantes con Covid-19 y en cuarentena que permanecían desde el pasado fin de semana en San Roque fueron trasladados en la tarde de ayer a Granada, donde la Cruz Roja asumirá su atención. De ellos, 18 son positivo en coronavirus y el resto, está en aislamiento al haber estado en contacto con los contagiados.

Los tres que abandonaron las instalaciones de San Roque el martes, que permanecían en cuarentena al haber estado también en contacto con los contagiados, no han sido aún localizados . No es la primera vez que ocurre, el 29 de julio, siete inmigrantes que llegaron en patera a Almería y que fueron trasladados a Granada para que pasaran la cuarentena se dieron a la fuga. Uno de ellos había dado positivo en coronavirus. El resto había estado en contacto con él.

El traslado de los atendidos en San Roque se hizo en la tarde de ayer sin luz ni taquígrafos . Y es que la transparencia en torno a este brote de coronavirus no está existiendo. El Gobierno, con competencias en materia de inmigración, no está facilitando información alguna al respecto. La Junta de Andalucía, por su parte, sí confirmó que se había producido el traslado, sin dar cifras ni concretar a dónde los llevaron. Sólo explicó que han sido derivados al lugar que ha conseguido adaptar para cumplir con la normativa.

El dispositivo médico para efectuarlo fue organizado por el Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar. Antes, un sanitario se tuvo que desplazar hasta el CATE al presentar diez de estas personas un cuadro diarreico. Tras la exploración se descartó cualquier incidencia. El CATE de San Roque ha quedado ya vacío .

El confinamiento de estas personas en estas instalaciones ha generado duras críticas por parte de sindicatos policiales, que sostienen que no están preparadas para una pandemia y que denuncian la falta de un protocolo de actuación claro y que garantice la asistencia a los migrantes y la seguridad de los agentes que los custodian.

El primero en denunciar la situación fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que además, lamentó la falta de transparencia por parte de los organismos competentes en cuanto a los resultados de los test de estas personas y denunció la falta de medidas de seguridad para los agentes.

El secretario del SUP en Cádiz, Antonio Flores, teme además que se pueda producir un efecto llamada debido a que están cerrados los CIE y estas personas quedan en libertad antes incluso de transcurrir las 72 horas reglamentarias, ya que no pueden ser devueltos a Marruecos al estar cerradas las fronteras. A la costa de Cádiz sólo están llegando inmigrantes magrebíes durante la pandemia. La presión migratoria en esta provincia está siendo por ahora muy baja respecto a veranos anteriore

A estas críticas también se sumó el sindicato Jupol , que afeó la falta de colaboración de la Junta de Andalucía para facilitar los datos de los test PCR realizados a estos 53 inmigrantes entre los que se ha producido este brote.

Doce eran menores y fueron derivados a un recurso de la Junta según confirmó ayer a ABC el Gobierno autonómico. Al respecto, este sindicato denuncia que tampoco se ha informado del estado de los test realizados a estos chicos.

En un comunicado, Jupol expresó su gran preocupación por la gestión de estos migrantes privados de libertad al haber superado el periodo de 72 horas de detención establecidos en estos casos y una p rórroga de 48 horas que decretó un juzgado y que expiraba ayer.

También denuncia el gran estado de nerviosismo de estas personas durante su estancia en el CATE y califica de negligente la actitud de la Junta de Andalucía «por poner en riesgo la salud de los policías» que los han atendido.

La Delegación Territorial de Salud y Familias rechaza tajantemente las acusaciones realizadas por el Jupol y asegura que « en todo momento ha existido colaboración máxima » con los responsables del Gobierno de España en la provincia de Cádiz.

Además, asegura que la labor de esta delegación y de todos sus trabajadores y sanitarios «ha sido máxima e impecable », ya que el mismo viernes, día de la llegada de la patera, se realizaron análisis PCR y pruebas serológicas hasta altas horas de la madrugada y se siguió el lunes, cuando se solicitó al juez que una ampliación de la medida cautelar que alcanzaba las 72 horas establecidas, otras 48 horas más, ante la necesidad de adaptar un alojamiento.

Por último, sostiene que los inmigrantes fugados estaban custodiados en el CATE por la Policía Nacional y que, por tanto, la Junta de Andalucía no tiene responsabilidad alguna en dicha fuga.