A juicio el dueño de una empresa de seguridad de Cádiz por espiar a Julian Assange de Wikileaks

El propietario de Undercover Global (UC Global) habría entregado presuntamente a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre Assange y otras personalidades que mantuvieron reuniones con el periodista en este edificio en Reino Unido.

El juez le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Además del propietario de la empresa también va a juicio el responsable de operaciones de UC Global por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global. Señala que la empresa fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange. El fundador de Wikileaks estaba acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos al difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

La empresa de Cádiz debía garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico, que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente. Además, tenía que llevar a cabo la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, el propio gerente dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares.

En ese mismo tiempo, también se captaron las reuniones con audio de personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

La Audiencia Nacional explica que fue el gerente de la empresa quien durante el proceso de instalación de las cámaras exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming'). Según las instrucción, el motivo era que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada de Ecuador.

De este modo, el juez apunta a que el gerente pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online. Por un lado, uno oficial para Ecuador y, por el otro, un segundo para 'los amigos de Estados Unidos'.

El juez considera acreditado en la investigación que gerente de UC Global efectuó «pagos periódicos y de cuantía elevada» a funcionarios ecuatorianos. Además, apunta a que fueron canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas «con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática».