Los ayuntamientos piden a la Junta recuperar para inversión los 107 millones que recaudan con la tasa de vertederos

Este impuesto nuevo fue creado por el Gobierno de España en el año 2022 dentro del paquete de nueva fiscalidad ambiental. Con él se grava la entrega en instalaciones autorizadas para la eliminación o incineración de residuos con una tarifa que se aplica en función de las toneladas. Entre otros sujetos, este impuesto tiene como principales afectados a los ayuntamientos que tienen entre sus competencias la recogida de los residuos en la ciudad. Sin embargo, es un tributo cedido a la comunidad autónoma. Y, en consecuencia, son los ayuntamientos quienes desde este año tienen que realizar una nueva aportación a la Junta de Andalucía. En una ciudad como Córdoba esto supone casi cuatro millones de euros.

Este nuevo impuesto ha estado presente en los análisis que todas las capitales andaluzas han realizado en los últimos meses en torno a sus ordenanzas fiscales. Y en su mayor parte de este análisis ha resultado que, salvo excepciones, la mayoría de los ayuntamientos han asumido con sus propios recursos este nuevo impuesto sin repercutirlo al 100% en el ciudadano. El dinero sí se tiene que abonar a la Junta que tiene en su presupuesto de ingresos 107 millones de euros por este concepto en este primer ejercicio en el que se aplica por completo el nuevo marco legislativo.

Al alzar la voz en torno a la situación de la financiación local, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha puesto encima de la mesa una propuesta a través de su presidente, José María Bellido: que los 107 millones de euros sean devueltos a los municipios que los están recaudando pero como transferencias vinculadas de forma directa a la inversión pública. Volviendo al ejemplo de Córdoba, si aporta 3,7 millones de euros, la Junta de Andalucía debe hacer una transferencia por esta misma cantidad que se destinará a la ejecución de proyectos de inversión en la ciudad.

La propuesta afecta directamente a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que tiene las competencias en la gestión de este impuesto. Desde este departamento subrayan que la ley andaluza de economía circular ya estableció en la regulación de este impuesto que los ingresos debían destinarse de forma preferente al impulso de la economía circular y a inversiones en infraestructuras, de forma prioritaria en colaboración con los ayuntamientos.

Como ejemplos, la Consejería subraya que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se han fijado 10 millones de euros para apoyo a entidades locales en proyectos de economía circular y se está trabajando en una orden específica para apoyar a los municipios andaluces en la recogida de residuos principalmente para la compra de vehículos de recogida de residuos.

En esta línea, la Consejería destaca que en los últimos años, en esta línea, se han llevado a cabo programas por un importe de 113 millones de euros para «mejorar la gestión municipal de los residuos, conseguir la implantación del contenedor marrón y adecuar las instalaciones de tratamiento de residuos». Como ejemplos señalan el plan de puntos limpios por 5,5 millones de euros, los 45 millones de euros invertidos en la construcción de proyectos de economía circular.

No obstante, los ayuntamientos andaluces, que vienen de asumir complejos debates en sus territorios en torno a la tasa de basura y el precio del agua reclaman a la Junta de Andalucía un paso más: que ese dinero vuelva directamente a los municipios que lo han recaudado. Esta iniciativa ya ha sido promovida en los últimos meses por distintos ayuntamientos del PSOE que llevaron esta iniciativa al seno de la FAMP.