Apagón informativo del Gobierno sobre su estudio para fijar peajes también en autovías de Andalucía

El encargo se formalizó el 7 de septiembre de 2022 con la empresa KPMG Abogados SLP para «el servicio de asesoría y consultoría especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras». El plazo de entrega del análisis fijado en el contrato era de nueve meses y expiró a principios del pasado mes de junio, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera adelantar las elecciones generales al 23 de julio.

A pesar de que el informe debe estar ya en poder del ministerio que dirige Raquel Sánchez, éste ha impuesto el apagón informativo para no hacer públicas sus conclusiones. Hasta tres correos electrónicos ha enviado ABC al gabinete de prensa del citado ministerio los pasados martes y miércoles para solicitar información sobre el citado estudio. Ninguno ha sido contestado, a pesar de que también se le había indicado por teléfono la petición. Este periódico también se ha puesto en contacto esta semana con el bufete de abogados expertos en fiscalidad para preguntarle si había entregado el trabajo, por el que cobrará 89.000 euros –según consta en el contrato–, pero ha declinado responder a este periódico al tratarse de un cliente.

El Gobierno encargó el estudio tras comprometerse con la Comisión Europea a poner en marcha un sistema de cobro para financiar el mantenimiento de la red viaria de titularidad estatal, que cada año le cuesta 1.200 millones de euros. 

La novedad del estudio radicaba en que no se iba a limitar a las autovías del Estado, sino que analizará «la extensión del sistema de pago a vías de alta capacidad de otras administraciones públicas» bajo la premisa de evitar agravios territoriales, según detalla el encargo realizado por la Dirección General de Carreteras consultado por ABC.

El Gobierno de Juanma Moreno (PP), que ni siquiera fue consultado previamente, se manifestó en contra. Asegura que no tiene intención de aplicar peajes en los 10.500 kilómetros de carreteras que son de su competencia. Ante la polvareda desatada tras conocerse sus intenciones, la ministra Raquel Sánchez garantizó que se buscará una fórmula, todavía por determinar, que concite «el máximo consenso posible» entre las fuerzas políticas y los sectores afectados. Sin embargo, Bruselas ha confirmado el plan del Gobierno de implantar peajes por su utilización.