Ecologistas madrileños denuncian la venta de agua del Tajo a regantes de Almería para hacer negocio
Solicitan al Miteco que deniegue la autorización para el suministro a la empresa Aguas del Almanzora que abastece a agricultores del Levante almeriense
Los propietarios de las tierras obtendrán un beneficio de entre 3.500 y 4.000 euros por hectárea y año
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La Comunidad de Regantes del Canal de las Aves en Aranjuez (Madrid) «busca hacer negocio» con la venta de agua del río Tajo que supondrá un trasvase hacia Almería y un «enriquecimiento de los miembros de la comunidad a costa público que han disfrutado gratuitamente». Así lo ha denunciado la Plataforma Ecologista Madrileña. Junto a otros colectivos de defensa del río Tajo, solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica que se deniegue la autorización y anuncian una movilización en Madrid el próximo 22 de marzo con motivo del Día Mundial del Agua. «Sería insolidario con otros usuarios de la cuenca y medio ambientalmente nefasto para el río Tajo, sus ecosistemas acuáticos y las poblaciones ribereñas», argumentan.
Los miembros de la Comunidad de Regantes del Canal de Las Aves aprobaron en Junta General Extraordinaria celebrada en Aranjuez el pasado 4 de febrero la venta del agua de riego de sus tierras a la empresa Aguas del Almanzora, S.A. que abastece a varias comunidades de regantes en la provincia de Almería. Si es autorizada por la Dirección General del Agua, será la cuarta ocasión en la que los miembros de esta Comunidad de Regantes venden el agua del río Tajo a los regantes del trasvase Tajo-Segura.
Esta comunidad riega unas 3.800 hectáreas en los municipios de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo con una concesión de 37 hectómetros cúbicos al año según la normativa del Plan hidrológico del Tajo. Según explican los denunciantes, la venta de agua por parte de la Comunidad de Regantes de Canal de las Aves, si es autorizada por la Directora General del Agua, reportará a los propietarios de las tierras un beneficio particular de entre 3.500 y 4.000 euros por hectárea y año por vender un bien público y no ejercer su actividad agrícola.
La Directiva 2000/60/CE Marco de Agua afirma en su primer considerando que «El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal». La legislación española de aguas (RDL 1/2001) establece que el agua es un bien público cuyo uso privativo mediante concesión administrativa está subordinado al Interés general. Sin embargo, una reforma legal en 1999 introdujo la figura de los «contratos de cesión de derechos de uso, una excepción al régimen concesional que permite las ventas de agua entre concesionarios.
Aunque en un principio los contratos de cesión estaban permitidos únicamente entre usuarios de una misma cuenca hidrográfica, otra reforma legal en el contexto del Memorándum del Tajo (Ley 21/2013) permitió la venta de aguas entre usuarios de distintas cuencas utilizando infraestructuras del trasvase, previa autorización expresa de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), y con el fin de favorecer a los usuarios del trasvase Tajo-Segura.
«De autorizarse, sería insolidario con otros usuarios de la cuenca y medioambientalmente nefasto para el río Tajo, sus ecosistemas acuáticos y las poblaciones ribereñas», denuncian en un comunicado. El índice de explotación del río Tajo en su curso alto hasta Aranjuez (WEI, Water Exploitation Index) es el más alto de toda la cuenca (71%), siendo el Tajo uno de los ríos más explotados de la Unión Europea.
El río Tajo soporta en su tramo alto y medio una situación crónica de estrés severo que impide su conservación en un estado aceptable o garantizar su sostenibilidad futura. Esta situación se ve agravada por la disminución de más del 40% de las aportaciones de agua en su cabecera como consecuencia del cambio climático y por la perpetuación de los desvíos de agua por el canal del Trasvase Tajo-Segura.
Los denunciantes piden que la Dirección General del Agua del Miteco que informe negativamente esta solicitud de cesión de derechos. Solicitan también que la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de sus competencias, se opongan a esta cesión y se resuelvan desfavorablemente estas ventas de agua que afectarán negativamente al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos y a la ciudadanía ribereña.
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