Abengoa pagó casi cinco millones a la consultora fundada por Cristóbal Montoro y se «benefició» de las reformas a las renovables

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la compañía se habría «beneficiado» supuestamente de las reformas legislativas que Montoro promovía a partir del año 2011, cuando volvió a ser nombrado ministro de Hacienda tras su regreso a la política nacional, esta vez de la mano del presidente Mariano Rajoy (PP). Así lo plasman los agentes en un informe entregado el 19 de abril de 2021 al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, que forma parte del sumario de una investigación que ha permanecido bajo secreto hasta el pasado 19 de julio.

Cristóbal Montoro está imputado por montar «una red de influencias» para favorecer a empresas que contrataron a su antiguo despacho y lucrarse supuestamente con las contraprestaciones económicas que recibía por hacer de 'lobby' sobre determinadas iniciativas legislativas.

El atestado policial, al que ha accedido ABC, destaca que el Grupo Abengoa, ligado a la generación de energías renovables, «llegó a abonar un total de 4.410.780,20 euros entre los años 2008 y 2017, cantidad a la que habría que añadir los 503.277,89 euros que las mercantiles Telvent Tráfico y Transporte SA y Telvent GIT SA pagaron a Equipo Económico entre 2008 y 2011», periodo en el que Abengoa seguía siendo uno de los accionistas mayoritarios de esta compañía. En total, el antiguo bufete del exministro de Hacienda facturó 4.914.058,09 euros, estima la UCO tras estudiar las declaraciones de operaciones con terceros de la consultora.

El volumen de ingresos de Abengoa se disparó entre los años 2012 y 2013, cuando se tramitaron importantes cambios en el sector energético a favor de las renovables, especialmente de la termosolar y la fotovoltaica, en las que la multinacional sevillana era una potencia. Equipo Económico facturó más de un millón de euros en dicho bienio. Pero fue entre los años 2010 y 2011 cuando obtuvo mayor rendimiento económico por parte del grupo andaluz (1,67 millones), aunque la UCO desconoce a «qué tipo de relación comercial responden estos pagos».

El grifo de ingresos empezó a secarse a partir del año 2014, cuando los intereses de Abengoa dejaron de «verse tan beneficiados» porque se aprobaron nuevas reformas legislativas que redujeron el margen de bonificación fiscal de las energías renovables, destacan los investigadores.

No terminan ahí los hilos que conectan a Abengoa con la consultora vinculada a Montoro. El 3 de febrero de 2012, en lo peor de la pasada crisis financiera, cuando se debatían medidas para hacer frente al déficit tarifario de la energía eléctrica y estaban en entredicho las ayudas a favor de las renovables, Abengoa SA fichó como consejero a Ricardo Martínez Rico, el antiguo socio de Montoro y a quien éste entregó las riendas del despacho cuando se desvinculó del mismo en el año 2008 al ser elegido diputado en el Congreso.

Ricardo Martínez, que había sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con el exministro entre 2003 y 2004, compaginó durante casi cinco años el puesto de presidente ejecutivo de Equipo Económico y un asiento en el consejo de Abengoa –cargo que dejó el 1 de diciembre de 2016– y de su filial Abengoa Bioenergía SA. La UCO hace notar que la compañía sevillana contratara los servicios de la «persona de confianza del ministro de Hacienda» y con el que fundó el bufete.

En la misma época, Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo, ocupaba un puesto clave en el Ministerio de Hacienda: llevaba la dirección de Gabinete de Cristóbal Montoro.

Los Mossos d'Esquadra, en informe entregado en 2019 al juez de Tarragona, ya apuntaban que los hermanos Martínez Rico, muy conocidos en el ambiente empresarial y político, eran la «conexión directa» entre el Ministerio y las empresas que contrataron al bufete investigado.

La reforma energética para paliar el déficit tarifario enfrentó a Montoro con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que apostaba por poner coto a dicho desfase, que se había disparado con las subvenciones otorgadas a este sector por parte del Gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La propuesta de Industria estaba bloqueada por los reparos de Hacienda. Montoro estaba «rotundamente» en contra de la retirada de las primas a favor de las renovables.

El conflicto estalló en el verano de 2012 en una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuando el ministro de Hacienda mostró un informe crítico con la reforma «al parecer» elaborado por su departamento. Soria refirió que había recibido un informe idéntico al exhibido por el ministro «con el membrete de Abengoa», relata la UCO.

Tras múltiples modificaciones y un tenso tira y afloja entre ambos, el 14 de septiembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó una reforma que favorecía a las renovables, de la que resultó beneficiada la energía solar, aplicando un impuesto lineal del 6% a la venta de electricidad aplicable a todas las tecnologías, tal y como reclamaba el sector. La noticia saltó a los mercados y la cotización de Abengoa se disparó, rompiendo la tendencia bajista que sufría desde principios de 2012.

Anteriormente, aprovechando un real decreto ley aprobado el 28 de diciembre de 2012 que regulaba el empleo en el hogar y que «no tenía nada que ver con el sector eléctrico», se incluyó otro cambio normativo en el sector eléctrico. Las restricciones introducidas para el cobro de las primas no afectaban a Abengoa, ya que cumplía los requisitos legales, según detalló el informe de los Mossos d'Esquadra incorporado al sumario.