¿Hay una operación para borrar la huella de Alaya?

El órgano ejecutivo de los jueces pidió el 8 de septiembre al TSJA otro informe sobre este asunto después de que la nueva instructora acordara dividir el caso ERE en piezas separadas . Fuentes del alto tribunal andaluz informaron a ABC de que el asunto aún no se ha abordado por la sala de gobierno, que se reunió el viernes 11. Hasta el jueves no volverán a citarse todos los miembros de la sala de gobierno que preside Lorenzo del Río .

La sucesión no está siendo precisamente un proceso pacífico. La convivencia entre ambas augura un choque de trenes. Alaya y Núñez se han opuesto, por distintas razones, al plan aprobado en junio por el TSJA , que dejaba a la primera el caso ERE y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la nueva titular del juzgado asumía el fraude de los cursos de formación y el sumario de los avales concedidos por la agencia pública IDEA a empresas en crisis .

Alaya, que se siente traicionada por el TSJA, no ha dudado en atacar a su sustituta en un escrito dirigido en julio al CGPJ. En él, cuestiona la capacidad profesional de Núñez -que ha desarrollado su carrera en los Juzgados de Familia- y recuerda su amistad con el consejero andaluz de Justicia , el fiscal en excedencia Emilio de Llera, que tiene línea directa con los círculos de poder judiciales.

La llegada de María Núñez Bolaños al juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha instaurado un tiempo nuevo en el que los fiscales delegados de Anticorrupción -que mantuvieron varios encontronazos con su antecesora- guían casi todos sus pasos procesales . Se ha visto de forma muy nítida con la división del caso ERE. El ciclón que llegó a ser el juzgado donde se cocinaron los escándalos con más enjundia política y mediática se ha convertido en una suave brisa otoñal. Atrás, quedaron los tiempos en que un auto de Alaya hacía temblar los cimientos del Palacio de San Telmo, de donde Alaya acabó desalojando a José Antonio Griñán en agosto de 2013, hoy imputado, como Manuel Chaves , por el Tribunal Supremo.

A medida que se diluye la memoria de la «súperjuez», crece la tranquilidad del Ejecutivo socialista. La trama de los ERE está condenada a disgregarse en cientos de piezas separadas. En el sumario de los avales fallidos concedidos por la Junta a empresas no se mueve un papel desde junio. En la nevera están también las diligencias abiertas contra el fraude de la formación , que van camino de dispersarse, tras la solicitud de Anticorrupción, por la decena de juzgados andaluces que ya investigan irregularidades en los cursos subvencionados por la Administración.

Pero no todas las decisiones de Núñez han estado guiadas por la Fiscalía. Un día después de tomar posesión del despacho, suspendió el último auto de la magistrada , dictado horas antes de su salida, que afectaba a la trama vinculada al exconsejero Ángel Ojeda en el caso de los cursos de formación.

En tres meses, a la nueva juez le ha dado tiempo de redirigir los «misiles» judiciales del caso ERE hacia el PP, apoyándose en un informe de la Guardia Civil de Huelva sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, ayudas que fueron cofinanciadas por la Junta y el Gobierno central a partir de 2003. El exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, imputado en la causa, ya se ha apresurado a pedirle que cite a declarar a Eduardo Zaplana , entonces ministro de Trabajo, y a Juan Ignacio Zoido, exdelegado del Gobierno en Andalucía, aportando munición al PSOE contra su rival político a pocos meses de las elecciones generales. La Guardia Civil ha detectado irregularidades en el cálculo de la edad de prejubilados.

Siguiendo los dictados de los fiscales, Núñez ha dado un golpe de mano al caso de los ERE con su división en más de 200 piezas, en contra del criterio de abogados de la defensa . Decenas de imputados se van a ver obligados a permanecer cuatro años consecutivos de su vida sentados en el banquillo, acudiendo a los múltiples juicios sobre cada una de las ayudas donde han intervenido.

Alaya, con el apoyo de la Audiencia, se había negado siempre a esta división porque contradice su teoría de que el fraude fue fruto de una decisión concertada del Gobierno andaluz para urdir una red clientelar con un fondo oculto al control oficial de las cuentas. El primer efecto que ha tenido esta decisión es que el diseño político-financiero del «fondo de reptiles» ha pasado a un segundo plano en favor de la rama empresarial. La dimensión política del caso, que afecta a Chaves, Griñán y a sus exconsejeros, se ha diluido como azucarillo en una taza de café.