El TSJA aboga por apartar a la juez que destapó la corrupción en Andalucía

Alaya ha alertado en un alegato al Poder Judicial de la deriva que pueden tomar la macrocausas después de que la nueva titular del juzgado de instrucción, María Ángeles Núñez Bolaños , desestimara que siguiera investigando en comisión de servicio dos de los casos abiertos, el fraude en la formación y los avales. A Merecedes Alaya sólo le quedaría culminar los ERE, el macrofraude que lleva investigando cinco años y que ha llevado a dos presidentes de la Junta de Andalucía a ser imputados por el Tribunal Supremo. Pero también l a causa de los ERE puede verse reducida en el futuro después de que la juez Nuñez haya solicitado informe a la Fiscalía Anticorrupción para proceder a su división, algo que dejaría a Alaya un simple papel testimonial.

Sencillamente, Mercedes Alaya desconfía de la nueva juez titular y así lo expuso en su informe al CGPJ, cuyo contenido desveló el pasado viernes Diario de Sevilla, en un momento clave para el futuro de la investigación de los casos de corrupción en Andalucía.

El próximo jueves está previsto que la comisión permanente del CGPJ decida definitivamente sobre el reparto. Para esa reunión el TSJA ha remitido un informe en el que se limita a tachar «fuera de lugar» las alegaciones presentadas por Alaya en las que alerta al órgano judicial de la amenaza que supone dividir las macrocausas, pone en duda la capacidad de su sucesora para sacar adelante las mismas y reclama continuar con la instrucción de los tres sumarios. El TSJA va a más y anima al Poder Judicial a «valorar convenientemente» la «falta de voluntad» de Alaya para colaborar con la nueva titular del juzgado que asume todas las competencias del mismo.

El informe del TSJA que desacredita las alegaciones de Alaya, cuyo contenido avanzó igualmente el mismo diario, y que no ha desmentido el alto tribunal andaluz, ha sido filtrado en un momento clave en el proceso judicial, en el que la juez que ha llevado a dos presidentes de la Junta al banquillo, cimentaba el argumento de conexión de todas las causas: la existencia de un modelo generalizado de reparto discrecional de dinero público desde la Junta de Andalucía para la creación de una red clientelar afín al Gobierno andaluz.

Alaya habla claro en la forma que tradicionalmente los hacen -o hacían- los jueces, es decir, en sus autos y escritos. El remitido el pasado 25 de junio al CGPJ es todo un alegato contra las circunsntacias que apuntan directamente a separarla de las macrocausas. Alaya traslada al Poder Judicial su inquietud por la «estrecha amistad» de la juez Núñez Bolaños con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera , «notorio detractor del trabajo de esta instructora», añade la magistrada. Alaya remite a las informaciones publicadas en prensa al respecto. Una amistad reconocida por las partes y que llevó días atrás a De Llera a ironizar cuando dijo que habría que buscar «en la estratosfera» a un juez que no sea amigo suyo.

A esta inquietud, la juez de los ERE añade las de la necesaria «seriedad y rigor» para la tramitación de «causas complejas». La juez considera que la nueva titular no puede asegurar estas máximas por su procedencia de un juzgado de Familia y su actual desconocimiento de todo lo investigado en los últimos años, algo que ella misma asegura contrasta con «la experiencia y resultados que humildemente, pero de manera innegable, avalan mi trayectoria», alega Alaya.

En definitiva, Mercedes Alaya expone al Poder Judicial que no es ya la ralentización de la instrucción lo que más le preocupa, sino la «ausencia de confianza» que le inspira la nueva titular , sobre todo después de alguna de las decisiones que ha tomado en relación a las macrocausas de los ERE y los cursos de formación nada más llegar.

Y es que Núñez, además de mostrar su intención de dividir la causa de los ERE, estudia hacer lo mismo con la instrucción del macrofraude de la formación . Alaya advierte claramente que dividir la investigación respecto a las delegaciones provinciales de Empleo y los servicios centrales «pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirse en irregularidad administrativa». Un asunto crucial en relación a las trascendencia política de un caso en el que se utilizaron cientos de millones de euros sin posterior control y en el que están implicados altos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda , cuya red de empresas se benefició de cuantiosas subvenciones. Una investigación abierta en la que trabajan en paralelo Policía Nacional y Guardia Civil y que ahora protagoniza el debate político en el Parlamento.

El TSJA, que ya avaló el reparto de causas que hizo la juez Núñez, insiste en su informe al CGPJ en las atribuciones de la juez titular y las de los jueces colaboradores. y así considera que la distribución de cometidos en el juzgado con jueces de apoyo «no puede depender de la opinión que la magistrada comisionada pueda tener sobre la competencia profesional, experiencia y formación de la nueva magistrada titular, que ha accedido al cargo tras la resolución de un concurso de plazas judiciales de carácter reglado, sin que resulte lícito, por tanto, cuestionarse su idoneidad e independencia».

En definitiva, el TSJA cree que el reparto de las causas que se aprobó inicialmente «culmina un proceso lógico de adopción de una medida de apoyo judicial».

El CGPJ celebrará comisión permanente el jueves 30 de julio. De momento no se ha difundido el contenido del orden día, pero todo indica que puede abordar la situación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y el futuro de las macrocausas en esta sesión previa a las vacaciones.

De mantenerse el reparto y, como parece, dividirse las causas principales, Alaya quedaría marginada del trabajo que personalmente ha llevado a cabo en los últimos años y que ha comprometido a altas instancias de la Junta de Andalucía . La trascendencia política de esta decisión judicial es importante. No obstante, ayer no hubo reacciones de las fuerzas políticas por la lucha de informes que concurrirán ante el CGPJ. Ni siquiera el PP, que interpuso la denuncia que dio origen al caso ERE opinó sobre el asunto.