Ofensiva legal contra los contratos temporales en la Junta de Andalucía

«El trabajador lo que tiene que exigir de manera individual es que se le aplique la sentencia de la UE y se le reconozca la condición de personal laboral indefinido no fijo, por la irregularidad en la contratación administrativa», afirma Martos en declaraciones a ABC.

La primera demanda se presenta ante la propia Administración, que por norma la rechaza, por lo que el caso entra en vía judicial a través del correspondiente contencioso. «En el momento que yo judicializo el asunto blindo la plaza. El profesor o el bombero que ocupa un puesto que yo cuestiono con medidas cautelares –expone Martos–, mientras el procedimiento judicial esté en curso se mantiene en su trabajo», una situación que se puede prolongar durante varios años.

El requisito que debe cumplir el demandante de una estabilidad laboral es que dentro de un periodo de treinta meses haya tenido concatenación de contratos durante 24 meses, al margen de que fueran continuos o no. «Si en treinta meses ha trabajado con contratos dos años, tiene las puertas abiertas», explica.

Por otra parte, el personal de la denominada Administración paralela de la Junta, de la que forman parte las empresas públicas, fundaciones y observatorios, supera con creces al número de empleados públicos de carrera que acceden al puesto de trabajo por oposición, una circunstancia que ha sido criticada por el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), José Manuel Mateo. Esta central, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas, denuncia que desde 2009 a 2013 la Junta ha eliminado casi 4.000 puestos de funcionarios, una dinámica que en opinión de Mateo se mantiene hasta la actualidad porque «al Gobierno andaluz no le interesa los funcionarios y prefiere a gente enchufada».