Duro varapalo de Bruselas al Anillo Ferroviario que impulsó el PSOE

El organismo comunitario informó ayer en un comunicado de que quiere «examinar» este proyecto presentado hace cuatro años por el exministro de Fomento, José Blanco, y el anterior presidente de la Junta de Andalucía y que contemplaba la construcción de un banco de pruebas para trenes de alta velocidad en la Vega de Antequera con una inversión superior a los 350 millones.

Esta cantidad sería completamente cubierta con financiación pública a cargo de las arcas del Estado español y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Sin embargo, tras evaluar la iniciativa, la Comisión «duda de que éste siga un verdadero objetivo de interés común», un requisito imprescindible para recibir este tipo de fondos.

Bruselas recalcó que la demanda de ese tipo de centros de ensayos ferroviarios es escasa y que «la oposición de la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecológicas». «Se considera, por lo tanto, dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general», insistió la CE y recogió Efe.

Además, como informó en su momento este periódico, a pesar de los intentos de los dirigentes socialistas de mantener vivo el Anillo Ferroviario, lo cierto es que los expertos del sector tenían serias dudas sobre viabilidad, ya que consideraban poco probable que compañías y países -lejanos, como Japón; o cercanos, como Francia- se trasladaran a Antequera para realizar test.

La Comisión Europea advierte de que «las previsiones que se manejan actualmente indican que el proyecto será predominantemente deficitario». «No está claro que su financiación pública vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto», añadió.

A pesar de lo serio aviso, lo cierto es que las instituciones españolas han gastado ya fondos europeos en esta iniciativa. Por ejemplo, se han invertido en torno a siete millones para construir dos naves en la zona de Bobadilla, a los que ha que sumar 3,5 destinados a su equipamiento. A esto hay que añadir los más de 200 comprometidos a cargo de los Feder que siguen bloqueados.

El organismo europeo también alertó de que la financiación pública concedida podría suponer una «ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE, que funcionan sin ayuda estatal».

La CE señaló, además, que la información facilitada hasta ahora por España no basta para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la Unión Europea en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio.

La Comisión recordó que la apertura de una investigación en profundidad permite a terceras partes afectadas que compartan su análisis de la situación y, en cualquier caso, «no prejuzga el resultado del procedimiento».

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de quien depende el proyecto del Anillo, señaló que habrá que esperar a la finalización de la investigación y que, en función de la misma, «las decisiones oportunas. Tras recalcar que «la viabilidad económica del proyecto está estrechamente vinculada al grado de implicación del sector privado», precisó que la medida adoptada por Bruselas se enmarca dentro del «proceso de consultas efectuadas a Adif en los últimos meses».

El desarrollo de esta infraestructura se ha convertido en una «patata caliente» para el PP. A pesar de no conseguir impulsarla definitivamente ante la falta de interés que despierta entre los inversores, debe «contentar» a sus alcaldes y dirigentes en la provincia, seducidos por los supuestos puestos de trabajo que se crearían. Circunstancia a la que se une el «pressing» al que le somete el PSOE, que defiende el proyecto por activa y por pasiva aunque los expertos lo consideren deficitario, y que ha llevado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a mostrar su predisposición a ponerlo en marcha a pesar de que ha reiterado que no se han recibido ofertas.