El PP se persona en el caso de la presunta corrupción de los cursos de formación en Andalucía

También lo hacen, según Moreno, «para saber dónde han ido a parar los cientos, miles de millones de euros, y quiénes son los responsables de ese desfalco al erario público y qué se ha hecho con esas irregularidades por parte de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía».

Tras apuntar que este caso puede suponer el mayor de corrupción de la historia de España, Moreno ha dicho que lo ocurrido en los cursos de formación «ha convivido» en la última legislatura con Susana Díaz como consejera de Presidencia antes de que fuera nombrada presidenta.

«Estamos ante un macrocaso y está claro que Díaz no quiere luchar contra la corrupción», ha agregado Moreno antes de señalar que Díaz tenía dos opciones ante estos casos: «combatirla o taparla».

«Y ha optado por tapar y proteger la corrupción. De hecho, pone palos en las ruedas, ha llamado inquisidora a la juez Alaya y ha pedido incluso que le quiten el caso», ha enfatizado.

Respecto a IU, que gobierna en coalición con el PSOE, ha criticado que se haya opuesto recientemente a la petición del PP de una comparecencia de Díaz en el Parlamento andaluz sobre el descontrol en las cuentas.

«IU ha tirado la toalla de combatir la corrupción en Andalucía. Prefiere los sillones, los 200 puestos que al parecer tiene en el Gobierno andaluz en distintas responsabilidades antes que combatir la corrupción. Lo pagará caro en las urnas y alguien tendrá que asumir la enorme responsabilidad de haber sido cómplice de la corrupción en el socialismo andaluz», ha vaticinado.

La Junta de Andalucía ejerce la acusación particular y UPyD también está personada como acusación popular en el caso, que acumula cien tomos con más de 34.000 folios, un porcentaje mínimo de lo que se prevé que ocupe y para lo que hay destinado un funcionario dedicado en exclusiva a escanear los expedientes recibidos.

La causa está pendiente de que Alaya resuelva las peticiones que han hecho la Junta de Andalucía y los abogados defensores para que ella deje de instruirla.

Las distintas partes alegan varios motivos, entre ellos que se habían vulnerado las normas de reparto en los juzgados, y también han solicitado la nulidad de las actuaciones.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las solicitudes de los abogados y de la Junta porque considera que la juez actuó correctamente al admitir el caso y que no se vulneraron las normas de reparto de los juzgados.

El eje de las peticiones se centra en el testigo clave y protegido en este caso que se presentó primero ante Alaya, que lo remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los agentes le tomaron declaración en dos ocasiones en verano del 2013 y enviaron el caso al juzgado de la instructora en vez de hacerlo al juez de guardia para su reparto.

El debate jurídico suscitado está pendiente de que Alaya adopte una resolución que pudiera ser recurrible ante la Audiencia de Sevilla o que acordara seguir ella con la causa y que el único recurso posible fuera ante el Tribunal Constitucional.