El negocio del desempleo o cómo los fondos del paro generan una industria paralela en Andalucía

Las cifras para combatir el paro que salen de los presupuestos de la Junta dan vértigo:  1.328 millones de euros en 2012; 929 en 2011, 1.587 en 2010 y 1.926 en 2009, conforme a los gastos ejecutados al cierre de las cuentas.

Esta próspera industria, alimentada por una derrama millonaria de fondos públicos, ha podido amortiguar el drama de los expulsados del mercado laboral, pero no ha sacado a Andalucía de la cola de los indicadores de desarrollo y convergencia . La sucesión de escándalos que golpean a la política social del Gobierno andaluz ha explotado la burbuja del negocio del paro. Y la explosión ha dejado una ristra interminable de daños colaterales:

Con su nulo control sobre el destino de los fondos públicos, la Junta de Andalucía permitió que buena parte de los 721 millones de euros repartidos entre 2001 y 2010 con la partida de los ERE no llegara a sus legítimos destinatarios: los andaluces que perdieron su empleo por el desplome de industrias auxiliares en los noventa. Según la Dirección General de Seguros, hasta 66 millones de euros acabaron engordando las cuentas corrientes de mediadores y comisionistas que cobraban minutas abusivas sólo por interponerse entre el Gobierno andaluz y los destinatarios de los fondos.

La manguera de la red clientelar regó a empresarios, falsos prejubilados, altos cargos de la Junta, exdirigentes del PSOE y familiares. Aseguradoras y federaciones de UGT y CC.OO. también hicieron caja . Hasta 7,6 millones de euros ingresaron en «mordidas» de las mediadoras por tramitar ayudas, que constituyeron otra vía de «financiación irregular», según la juez instructora, Mercedes Alaya.

La investigación abierta por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha caído como una potente carga de titadyne en uno de los sectores que ha vivido razonablemente bien hasta 2011 de los prometedores planes de recolocación de la Junta. La patronal de academias, Cecap, calcula que llegaron a funcionar hasta 2.000 empresas gracias al caudal de recursos que salían de los presupuestos. A pesar de haber reservado dinero en sus cuentas, desde 2012, coincidiendo con los años más virulentos de la crisis, el Ejecutivo andaluz no saca convocatorias del programa 32D de «Formación Profesional para el Empleo», donde se centran las pesquisas. La «operación Edu» supone un duro revés a la industria del paro. Andalucía recibió 2.875 millones del Fondo Social Europeo para reorientar la vida laboral de los desempleados entre 2007 y 2013, pero aún está por cuantificar el quebranto causado por los cursos con falsas contrataciones.

El pacto social tripartito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y CC.OO. hace aguas por todos lados cuando se han cumplido veinte años de su puesta en marcha por el expresidente Manuel Chaves. Hasta sus propios firmantes reconocen que hay que cambiar el modelo . Además de garantizar la paz social, los 19.825 millones de euros que recogía el VII acuerdo de concertación, suscrito en 2009, han servido para asegurar una cierta tranquilidad al PSOE, que lleva tres décadas gobernando Andalucía sin sobresaltos. Ha permitido también aumentar el aparato burocrático de la patronal y los sindicatos a costa de inyectarles fondos para la formación. Su eficacia para aliviar la sangría de empleo es más cuestionable. El paro ha crecido a un ritmo más endiablado en Andalucía que en otras regiones que carecen de este sistema.

El programa anual Andalucía Orienta es una parte nuclear de las políticas activas de empleo. Tampoco se ha librado de la esquila de los recortes. La Junta subvencionó la creación de «franquicias» de las oficinas del SAE gestionadas por ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones sociales y benéficas. Pagaba los contratos de los 1.556 profesionales que se encargaban de prestar asesoramiento personalizado a parados para buscar empleo. La dotación del último programa aprobado, el de 2013, ascendió a 40 millones de euros.

La polémica reconversión de la gigantesca red paralela de agencias, empresas y entes vinculados a la Junta en 2011 facilitó que 1.552 contratados por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se colaran en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como personal subrogado sin superar ninguna oposición . La Cámara de Cuentas hará una auditoría a instancias del Parlamento tras detectar que en 2009 y 2010 recibió casi 49 millones de euros en subvenciones «sin que conste justificación alguna».