La Junta de Andalucía pagaba el doble de lo estipulado por cursos de formación

Estos son algunos de los datos que van trascendiendo sobre las irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, que podrían ocultar un fraude de hasta 2.000 millones de euros , según fuentes de la investigación.

La Fiscalía Superior Andaluza, cuyo responsable es Jesús García Calderón , encargó a la Policía hace un mes que indagara dichas irregularidades y que elaborara un informe sobre el descontrol en las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación, después de que un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía -el órgano fiscalizador autonómico- alertara sobre el mal uso de estos fondos. En este sentido, la Policía tiene sobre la mesa casos muy llamativos sobre cómo la Junta pagaba hasta el doble del tope que marcaba la ley. Así, por ejemplo, en 2009 se dedicaron 275.440 euros a un cruso de «iniciación de piloto comercial de helicóptero». La empresa que impartió los citados cursos facturó 38,79 euros/hora por alumno, pese a que «el módulo máximo previsto en la normativa era, en el mejor de los casos, de 19,5 euros/hora por alumno », según recogió en su día la Cámara de Cuentas. En esta modalidad de curso de piloto de helicóptero el Servicio Andaluz de Empleo (SAE, el organismo a través del cual se repartían los fondos) invirtió entre 2006 y 2009 un total de 1.096.321,44 euros . Por tanto, hubo una desviación de la ayuda de más de medio millón de euros -concretamente 524.971,44 euros-, una desviación que ahora estudia la Fiscalía y de la que podría deducirse «responsabilidad contable».

La Policía también investiga desfases en los costes de docencia -el dinero abonado a formadores- ya que en un mismo año se han recogido pagos de 190, 130 y 120 euros por hora frente a otros de 23 ó 28 euros por hora sin razón aparente.

Otro aspecto que se ha remitido a la Policía para su investigación es el relativo a las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la cual recibió dos ayudas por valor de más de 24 millones de euros cada una para cursos en 2009 y 2010 que finalmente no se ejecutaron. Según recogió la Cámara de Cuentas, dichos cursos «se encuentran paralizados y otros ni siquiera se han iniciado». Para más datos, del año 2009 «no han finalizado 36 cursos» , mientras que del año siguiente, 2010, «están pendientes de ejecutarse 386».

Igualmente se pagó por encima de lo estipulado las becas de asistencia a cursos de formación a trabajadores de Delphi . Se abonaba entre 15 y 20 euros al día cuando el tope legal estaba fijado en 13,5 euros.

Esos son solo algunos ejemplos de irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador andaluz que también denunció que el procedimiento de concesión de estas ayudas no siguió la vía estipulada para estos casos. Mientras que la Ley contempla como norma el régimen de «concurrencia competitiva» , en los años 2009 y 2010 el 89 y el 36 por ciento de estas ayudas respectivamente se dieron por el procedimiento de «concurrencia no competitiva. Es decir, que se dieron las subvenciones a través de convenios de colaboración sin necesidad de justificación , únicamente por acuerdos del Consejo de Gobierno. Pero además esas resoluciones se modificaban luego. En el 68 por ciento de los expedientes que analizó la Cámara de Cuentas se modificó sin razón la resolución inicial.

Por otra parte, tras las irregularidades detectadas en Málaga , se empiezan a inutir ramificaciones por toda Andalucía. El Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tiene dificultades para creer lo que ve, para digerir lo descubierto durante año y medio de investigación . Fuentes policiales señalaban ayer que «es pronto para dar cifras de empresas o particulares implicados. La documentación acumulada es enorme. Necesitaríamos semanas repasándola para dar un número aunque fuera estimado».

Fuentes de la investigación señalaban que la operación Edu tiene «una gran ramificación en la provincia de Cádiz. «Las tiene en toda Andalucía, afecta a las ocho provincias pero los casos en territorio gaditano son los más numerosos junto a los investigados en Granada, Jaén y Málaga».

El resultado es tan alarmante como el resto de dimensiones de la posible estafa. « El 90% de las ayudas concecidas, de los procesos, de mayor o menor cuantía, presenta alguna irregularidad, está bajo sospecha o presenta claros indicios de haberse concedido sin propiciar la contratación de nadie. En los mejores casos, de menos desempleados de los que era obligatorio al recibir la subvención», agrega la fuente, que destaca que «el dinero nunca llegaba a propiciar la contratación de parados que daban los cursos. Percibían el dinero pero luego no contrataban a nadie, se lo habrían repartido con conseguidores, intermediarios que les animaban y asesoraban para conseguir las ayudas de la Junta».