Magdalena Álvarez pide anular el auto de imputación por prescripción de los delitos

En el recurso, consultado por Europa Press, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados", pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial "por falta de motivación" y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Álvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha "vulnerado" el derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación", pues la decisión de imputar a todas estas personas no va acompañada de "la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se sostiene".

De este modo, dice que "el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y la Consejería de Empleo; añadiéndose, respecto de mi representada, que su intervención se habría producido con la redacción" de la orden de 4 de junio de 2003 "donde se recoge el concepto presupuestario de la transferencia de financiación".

En este sentido, el abogado asevera que "si tan magro compendio de hecho apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal -no sólo por su escueta y genérica descripción sino también por su manifiesta carencia de todo viso delictivo-, tal pretensión deviene imposible ante la ausencia de toda mención a los concretos tipos delictivos que, pretendidamente, otorgan relevancia penal a tales hechos", añadiendo que "brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario" que "permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar, con ello, la resolución que ahora combatimos".

"El expuesto déficit de concreción fáctica y jurídica genera indefensión en mi representada, al desconocer los presupuestos en virtud de los que el Juzgado ha decidido dirigir el procedimiento penal contra ella", dice el abogado de la exconsejera, quien abunda, respecto a este punto del recurso, en que la juez ha generado "indefensión" a su patrocinada "al desconocer frente a qué debe defenderse".

Asimismo, el letrado rechaza "la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular" la actuación de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda con el objeto de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6, pues "ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que el instructor parece remitirse".

"Pese al margen de incertidumbre en que necesariamente hemos de movernos", prosigue el letrado, "importa destacar que los hechos que parecen imputarse" a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, "por la que, pretendidamente, se introducen las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales". "Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos", argumenta.

Tras ello, el letrado asevera que la imputación de su cliente "resulta manifiestamente infundada" y se basa en "un endeble acervo jurídico", punto en el que señala que "una imputación carente del mínimo soporte indiciario debe considerarse, por arbitraria, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva" recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

El abogado pone manifiesto que, "de la exigua" enunciación fáctica plasmada en el auto "parece inferirse que la imputación dirigida contra Magdalena Álvarez se concretaría en que la finalidad que guió la inclusión de las transferencias de financiación en la orden de 4 de junio de la Consejería de Hacienda fue la de reducir los controles que debía efectuar la Intervención General de la Junta para así favorecer los pagos indebidos de ayudas sociolaborales efectuadas por el IFA/IDEA y la Consejería de Empleo".