La juez de los ERE pide que la Junta aclare varios contratos

Un auto fechado el pasado 18 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, recoge entre las "discrepancias" que la consejería de Justicia encargó en 2001 a Garrigues un " Estudio sobre la contratación administrativa en el marco de la Nueva Ley de Contratos" , pero el informe emitido se refería a la Nueva Ciudad de la Justicia.

Por tanto, la juez Ana Rosa Curra pide a la Junta que "aclare dicha discrepancia" entre el objeto del contrato y el informe finalmente emitido.

Además, la juez pide a la Junta que "justifique debidamente" por qué el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora la Agencia IDEA suscribieron un contrato de "asesoramiento fiscal permanente" con Garrigues, que duró más de diez años, y por qué la Administración no contaba con "medios personales y materiales suficientes".

La juez de refuerzo pide la "justificación" de tres "contratos menores" de 10.000 euros cada uno firmados con el visto bueno del viceconsejero de Cultura para que Garrigues elaborase informes jurídicos sobre la transformación institucional del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Esos contratos fueron firmados en 2005 e incluían un estudio sobre los futuros estatutos de la entidad, dice el auto, y añade que a pesar de ello, no fue hasta el 26 de junio de 2007 cuando se creó dicho instituto y se suscribió un nuevo contrato por importe de 10.300 euros para redactar los estatutos.

Ana Rosa Curra, que sustituye por enfermedad a la juez Mercedes Alaya, pide explicaciones al contrato "negociado y sin publicación" adjudicado en 2001 por la Consejería de Hacienda a Garrigues para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Artesanía de Andalucía, con una factura de 4,6 millones de pesetas que, salvo error, "no consta ni su referencia ni su abono en el listado mayor".

Otro apartado del auto solicita a la Junta la justificación de diez contratos firmados por el ex director general de Trabajo Juan Márquez, por un importe total de 169.292 euros, para "asesoramiento en procesos de reestructuración laboral , entre los que se encuentran incluso la impartición de cursos de formación al personal de esa Dirección y que se imputaron a la partida presupuestaria 31.L" o "fondo de reptiles" que se investiga en la causa.