La amnistía de Sánchez: de Puigdemont a los CDR, Tsunami Democràtic y hasta los boicoteadores de La Vuelta

Los CDR, surgidos al calor del referendum ilegal del 1-O -primero fueron los Comités en Defensa del Referéndum para pasar luego a Comités de Defensa de la República, a imagen y semejanza de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos- han estado detrás de la totalidad de las algaradas callejeras independentistas. Incluidas, por cierto, las de la Plaza Urquinaona de octubre 2019 en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en la que estuvo a punto de morir un policía nacional, que sufrió heridas muy graves. El agente, paradojas, de la actual situación, fue visitado en el hospital por el mismo Pedro Sánchez que ahora amnistía a sus verdugos.

De los CDR, que siempre han contado con al menos la comprensión y apoyo de la Generalitat, también se nutrió Tsunami Democràtic, cuyo nombre saltó a los medios de comunicaión por estar detrás del intento de toma por la fuerza del aeropuerto de El Prat en esas mismas fechas. Que tenían apoyo político lo demuestra que la exnúmero 2 de Esquerra, Marta Rovira, esté investigada por esos hechos como cabecilla, lo mismo que el exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC Xavier Vendrell.

De este mismo ámbito de los CDR surgió además el Equipo de Respuesta Táctica, vanguardia aún más violenta y especializada de los CDR, que planearon la toma del Parlament de Cataluña e incluso, según los investigadores, experimentaron con explosivos. Contaban con sistemas de comunicación encriptados y hasta se les intervino un borrador de lo que podía ser la reivindicación de un posible atentado.

Todos estos individuos violentos, que estuvieron a punto de causar víctimas mortales y actuaban con el objetivo de subvertir el sistema constitucional, van a ser los beneficiados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ellos, y por supuesto los políticos independentistas que les apoyaron e impulsaron y que además de ver sobreseídos sus procedimientos penales es más que posible que tampoco tengan que hacer frente a sus responsabilidades civiles.

Sánchez, con su partido, el PSOE, la extrema izquierda y el independentismo han decidido que ninguno de ellos ni siquiera tenga que rendir cuentas ante la justicia. No se sabe qué sucederá, en cambio, con los agentes de las Fuerzas de Seguridad que también fueron investigados por algunas actuaciones. Para el presidente del Gobierno en funciones parece que ellos no son relevantes. Quizá porque de esos policías y guardias civiles no dependa que siga en su despacho del Palacio de La Moncloa.