El TC avala las acciones externas de la Generalitat, pero reserva al Estado la política de las relaciones internacionales

Dentro de la competencia estatal está el deber de informar a las autonomías si emprende acciones que incidan en sus «intereses» regionales

MADRID Actualizado:

El Tribunal Constitucional determina en la sentencia que ha dado a conocer por completo este viernes 9 de julio que la acción en el exterior de la Generalitar se ejerce «respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores». Subraya dos aseveraciones importantenes: la primera, compatibiliza las «actividades exteriores de las Comunidades Autónomas» con la competencia en política exterior, que debe estar dirigida por la Administración estatal, comunicando aquellas decisiones que interfieran en los «intereses» de una autonomía como Cataluña a estas demarcaciones. En concreto, sobre el artículo 127 del Estatut, los magistrados se detienen en recalcar el principio de que «la Generalitad es Estado» en cuanto el Estado se refiere al erigido por la Constitución y comprende a todas las Comunidades Autónomas y a los entes locales. En la competencia en el ámbito de las relaciones internacionales reservada al Estado se incluye el derecho de negociar o pactar (el llamado ejercicio del «ius contrahendi»), pero éste no exime a las autonomías como Cataluña de realizar ciertas acciones en el exterior que conlleven una proyección de sus competencias materiales «siempre que no perturben o condicionen la competencia estatal», agregan los jueces.

Reinterpreta parte del articulado

El Constitucional no anula la parte del articulado de la normativa autonómica impugnada por los diputados populares que suscribieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el TC, pero sí la somete a una reinterpretación en el sentido de que reserva para la Generalitat acciones institucionales dentro y fuera de España, pero sin impedir o menoscabar el libre y pleno ejercicio de las competencias estatales. El PP reclamó también la impugnación del apartado tercero de ese artículo 127, por el que se arroga a la Generalitat la «proyección internacional de la cultura catalana». «Debemos afirmar que frente al reproche formulado al precepto estatutario, la incorporación expresa de cláusulas de salvaguardia de competencias estatales no es exigible en términos constitucionales», argumenta la sentencia, al tiempo que atrae la atención hacia el artículo 149.2 de la Constitución que dispone que «sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial, y facilitará la comunicación cultural entre Comunidades, de acuerdo con ellas», lo que es expresión de que en la materia «cultura concurren competencias del Estado y de las autonomías». No es inconstitucional dicho artículo del Estatuto de Cataluña, siempre que no «enerve las competencias concurrentes del Estado en el seno de la propia materia cultural».