Los abogados de oficio, ante el Congreso: «Las administraciones nos estrangulan»

Enfundados en sus togas, con pancartas y al grito de «Somos abogados, no somos esclavos» o «Turno de oficio, no más sacrificio», una «marea negra» de manifestantes se concentró ante el Congreso de los Diputados durante más de una hora para pedir que se dignifique su trabajo, algo que, insisten, no sólo consiste en un incremento salarial, sino en que la administración correspondiente les pague por los servicios ya prestados y que, además, lo haga en un tiempo razonable.

Colegiados procedentes tanto de territorios con competencias transferidas en materia de Justicia como aquellas que dependen del ministerio -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla- alzaron ayer una única voz para denunciar el maltrato al que dicen sentirse sometidos. «Un país sin abogados es un país sin derechos y este escenario acabará por esquilmar una profesión milenaria (...) Somos un colectivo estrangulado por unas administraciones que, entre tanto, se congratulan por el buen funcionamiento del servicio que cargan sobre nuestras espaldas, cuando ellos son los obligados a asegurar su viabilidad», señala el manifiesto que por aclamación popular leyó el ya exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.

Su nombre saltó a los medios cuando, al comienzo de la pandemia, se negó a que los abogados de oficio de su colegio bajaran a los calabozos a atender a los detenidos mientras no se les suministraran medidas de protección. Por este gesto, que le costó su procesamiento por desobediencia a la autoridad judicial, Lara tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 5 de julio. Para los abogados presentes en la concentración, lo sucedido con Lara es el ejemplo más clarificador de lo que supone el abogado de oficio para la administración. Abandono.

La batalla por la lucha de sus derechos, dicen, empezó hace mucho tiempo. De ahí que se muestren hasta molestos porque se vincule esta concentración con la subida salarial a los letrados judiciales. No ocultan, sin embargo, que la huelga de los LAJ (con las consiguientes suspensiones de actuaciones, entre ellas, juicios) ha causado un daño enorme a ciudadanos y despachos profesionales. Tampoco que se han sentido ninguneados (algo que se está repitiendo con los actuales paros de los funcionarios judiciales) por no informarles con cierta antelación de la suspensión de las vistas pese a ser consciente del trastorno que conlleva el desplazamiento del abogado y su cliente muchas veces fuera de la provincia.

Durante la lectura del manifiesto los letrados han dejado constancia del importante papel que desempeñan en la sociedad. En un censo de 150.000 letrados, más de 40.000 (casi uno de cada tres) forma parte del turno de oficio, que tramita cerca de dos millones de expedientes judiciales al año «por una retribución que no se puede considerar digna porque no compensa ni las horas que dedicamos ni la responsabilidad que asumimos».

Los abogados denuncian, además, las grandes desigualdades que existen entre lo que cobran unos y otros en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. A ello se suma que «últimamente parece que vestir una toga sin puñetas (en contraposición a la de jueces y fiscales, que sí las llevan) tiende más a esclavizarnos que a elevar nuestra dignidad». Hablan en este sentido de una «pérdida de respeto» a la profesión, de una «escasa protección social» y la imposibilidad de conciliar la vida profesional y personal. «Se nos deniegan suspensiones de plazos y señalamientos en situaciones como el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar. No podemos ni ponernos enfermos», lamentan.