Bildu ya tiene su informe para no poner el retrato del Rey

El dictamen que ha distribuido este abogado entre los grupos municipales hace un recorrido por la doctrina y la jurisprudencia y concluye que existen «dudas importantes» sobre la prevalencia del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales (ROF) respecto de la normativa local. Y es precisamente el ROF, en su artículo 85.2, el que establece la obligación de colocar una imagen de Su Majestad el Rey en el salón de plenos de los ayuntamientos.

El texto del ayuntamiento, que resulta muy ambiguo, cita una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 en la que se establece con total claridad la «subordinación» de los reglamentos municipales respecto de las normas estatales. Tras reconocer la «capacidad de autogobierno» de los ayuntamientos, el alto Tribunal concluye en esa sentencia que las normas dictadas por éstos nunca podrán «alterar ni contradecir» el modelo fijado por las leyes estatales. Con todo, el secretario general del ayuntamiento de San Sebastián insiste en poner en duda la validez del ROF y, para ello, llega incluso a recordar que su origen está en el «anterior Reglamento de Organización», de 1952. Es decir, en una norma preconstitucional.

Fuentes jurídicas y judiciales consultadas por ABC coinciden en que es «doctrina pacífica» que las normas «básicas» —y el ROF tiene este carácter— «son de obligado cumplimiento por todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o municipales». Y, en lo que se refiere a este caso concreto, «se imponen» sobre las «ordenanzas» que dicte el ayuntamiento.

Las mismas fuentes explican que la colocación del retrato del Rey en el salón de plenos es un aspecto de «orden público»; es decir, que se refiere a las «señas de identidad de todos los ayuntamientos de España como entidades que forman parte del Estado» . Por lo tanto, cuando el ROF ordena colocar la efigie del Rey está regulando aspectos que son completamente «ajenos a la gestión y organización de competencias» propias de los entes locales. El Estado, explican de forma gráfica las fuentes citadas, no le dice a los ayuntamientos «cómo deben celebrar sus fiestas o cómo deben llevar a cabo la recogida de basuras», sino que fija unas normas de «organización» que deben ser iguales en toda España.

Además, el conflicto sobre la imagen del Rey quedó resuelto ya hace varios años cuando un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenaron su colocación al ayuntamiento de Alegría (Álava) por ser obligatoria.

Fuentes jurídicas recuerdan también que si el alcalde bildutarra de San Sebastián sigue sin colgar la imagen de Don Juan Carlos , la Delegación del Gobierno podrá requerirle para que lo haga. Si persistiera en su actitud, la Abogacía del Estado podría incluso emprender acciones legales.

Si, conocido el informe, el bildutarra Juan Carlos Izagirre mantuviera su actitud de no reponer las imágenes del Monarca, el portavoz del PP, Ramón Gómez , llevará a cabo en septiembre una iniciativa, bien en Pleno, bien a través de una declaración, para que rectifique. Un informe que se ha elaborado, precisamente, a instancia de los populares con el visto bueno de los ediles del PSE.

Pero el regidor parece estar más por la labor de prodigarse en las provocaciones. Ayer, la bandera de España que figura en la fachada del Consistorio, por decisión de su antecesor, Odón Elorza , dejó de ondear porque alguien enroscó la tela al mástilpareció. Un incumplimiento de la Ley que, literalmente, ordena que debe ondear. Tras las protestas del PP y PSE, el alcalde hizo que se pusiera fin al ultraje.