La mayoría quiere que el Gobierno convoque elecciones anticipadas

No hay duda; los ciudadanos consideran que Zapatero ya es un dirigente amortizado y que urge cambiar el Gobierno para acelerar las reformas que es necesario poner en marcha para salir de la crisis económica. Los hombres, un 54 por ciento, más que las mujeres, un 49 por ciento, quieren que Zapatero se vaya, y que deje de ser un presidente interino.

Aquellos que no quieren un adelanto electoral se quedan en un 47 por ciento de media: más las mujeres, un 49 por ciento, que los hombres, un 45. El 2 por ciento de los encuestados no quiere tomar posición.

Uno de los datos más destacados de la encuesta es que son los jóvenes entre 25 y 34 años los que más desean un adelanto electoral ; hasta un 56 por ciento así lo manifiesta. Un 53 por ciento de los que tienen entre 18 y 24 años también apuesta por la cita en las urnas. Por el contrario, el mayor porcentaje de los que no quieren elecciones anticipadas se encuentra entre los de 35 y 44 años, hasta un 50 por ciento.

Aunque el debate sobre la necesidad de anticipar las elecciones generales se ha reabierto ahora con más intensidad, coincidiendo con el anuncio de retirada de Zapatero, lo cierto es que las primeras voces pidiendo el adelanto electoral se remontan a septiembre de 2009. Fue entonces cuando el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, se atrevió a plantear esta solución como salida a la crisis . Y lo hizo ante la situación de bloqueo en que se encontraban las negociaciones entre los agentes políticos y sociales para alcanzar un acuerdo.

Rajoy pide que rectifique

Sus palabras fueron claras: «Ante situaciones extraordinarias solamente caben remedios extraordinarios. Si los agentes sociales no son capaces de llegar a un acuerdo, no sólo sobre lo que hay que hacer sino sobre cómo repartir los sacrificios, significa que no están a la altura de las circunstancias, lo que haría inevitable celebrar elecciones generales que le confiriesen a un gobierno toda la capacidad de actuación que necesita este país para salir de la crisis».

Quintás, que dejó su cargo unos meses después de estas declaraciones —en abril de 2010, después de 14 años al frente de la CECA— había abierto la espita de un debate subyacente en la sociedad y en parte de la clase política española, que se opone a las políticas de Zapatero.

El guante lanzado por Quintás lo recogió hábilmente el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy . Unos días después, en una reunión con dirigentes de su partido en Córdoba, afirmó que esta petición de adelanto electoral refleja la existencia de «un gran deseo de cambio de la sociedad española para salir de la crisis». El presidente popular se refirió a que «ya hay voces de importancia grande que reclaman el anticipo de los comicios generales», apuntando que eso significa que «la sociedad va por un lado» y el presidente Zapatero «está perdido y va por otro lado».

Desde ese día, Rajoy no soltó la liebre que había puesto a correr el presidente de las Cajas. Esta apuesta por el anticipo electoral tuvo su bautizo oficial en el Congreso con motivo de un debate sobre la situación económica en España, que se celebró el 17 de febrero de 2010. El líder de la oposición hizo suya esta propuesta al pedirle a Zapatero que «rectifique a fondo» su política económica o disuelva las Cortes y convoque elecciones. Su iniciativa tuvo escaso eco, sólo el de la diputada de UPyD, Rosa Díez, que también lo reclamó.

CiU apoya el adelanto

Pero Rajoy siguió insistiendo y encontró un nuevo altavoz en el debate del estado de la nación que se celebró en julio de 2010. El líder de la oposición no esperó ni un minuto y las primeras palabras de su discurso fueron para pedir al presidente Zapatero que «si quiere ser útil para España, convoque elecciones anticipadas». No se lo pidió sólo una vez, sino que hasta en tres ocasiones se lo reiteró. Zapatero acusó el golpe y se lo quiso devolver retándole a que presentara una moción de censura: «Pero para subir aquí hay que tener valor, un programa electoral y venir aquí a defenderlo; además, luego hay que contar con grupos que te apoyen y eso tiene el riesgo de las dificultades y la soledad; ese es el problema».

Ya entonces Rajoy no se quedó solo. A esta petición de elecciones anticipadas se sumó el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que le advirtió a Zapatero que «si no es capaz de buscar y encontrar alianzas sólidas, lo más sensato será iniciar el ciclo electoral una vez finalizadas las reformas actualmente en trámite parlamentario. El ir tirando no da para más, se acabó».

La insistencia de Rajoy, que ahora respaldan los ciudadanos, continuó en octubre de 2010 aprovechando la crisis de Gobierno que realizó Zapatero y que desembocó en la salida de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y la supresión de los ministerios de Igualdad y Vivienda. A juicio de Rajoy, lo que España necesita «no es un cambio en el Gobierno sino un cambio de Gobierno. Se cambian los músicos de la orquesta pero no el director ni la partitura».

Acompañado ya por los nacionalistas catalanes, Rajoy ha hecho de esta petición el centro de su discurso político. La última vez que lo lo planteó en el Congreso fue el 18 de noviembre de 2010 en el debate sobre el paro. Entonces, afirmó que «el único camino para que el Gobierno recupere el crédito es hacerlo nuevo y eso, aquí y en cualquier lugar del mundo, pasa por unas elecciones generales. Sin estas elecciones será imposible que se recupere la confianza, que se realicen las reformas, que circule el crédito, que se anime la inversión y que se cree empleo». Finalmente, advirtió a Zapatero que «no me ponga como pretexto que en las actuales circunstancias no podemos permitirnos perder dos meses en campaña electoral. Con la excusa de no perder dos meses, nos quiere hacer perder dos años».

José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho hasta ahora oídos sordos a estas peticiones, que podrían haber arreciado si no hubiera conseguido un pacto con PNV y Coalición Canaria para que le respaldaran los presupuestos de 2011. Con ese aval podrá resistir hasta 2012 e incluso volver a hacer nuevas cesiones con tal de conseguir su objetivo de agotar la legislatura, pero entonces ya no tendrá crédito político.