Junqueras, en noviembre del año pasado de camino a la Audiencia Nacional
Junqueras, en noviembre del año pasado de camino a la Audiencia Nacional - Ignacio Gil

ERC y el PDECat no apoyarán las cuentas si la Fiscalía no rectifica

El independentismo señala que la única salida es la «absolución» de los procesados

Barcelona Actualizado: Guardar
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La noticia adelantada ayer por ABC de qu e la Fiscalía va a mantener la acusación por delito de rebelión contra los principales líderes del «proces», y que en el caso de Oriol Junqueras la solicitud de pena será de entre 25 a 30 años por considerarlo el cabecilla, cayó como un jarro de agua fría entre el independentismo.

Los partidos soberanistas, agarrándose a su papel decisivo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) volvieron a condicionar ayer su apoyo a las cuentas a una modificación precisamente de la postura de la Fiscalía. Así se expresó por ejemplo el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que advirtió al Gobierno de que no negociará los Presupuestos si no presiona a la Fiscalía para retirar las acusaciones, en un claro ejercicio de violación de la separación de poderes.

«Venganza»

Tras participar en un acto en Barcelona de homenaje a los republicanos represaliados por el régimen franquista, Tardà aludió de manera directa a la pretensión de la Fiscalía de mantener las acusaciones por rebelión. «No negociaremos nada si el Gobierno español no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones», recalcó Tardà, para quien la única «solución» es declarar la «absolución» de los procesados. Según el dirigente republicano, «la justicia española sólo tiene un guión» en este proceso judicial por el 1-O, que es «la venganza y el escarmiento».

En los mismos términos se expresó la vicepresidenta del PDECat y líder del grupo independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, que advirtió de que los ocho parlamentarios de su partido votarán «no» a los PGE «si no hay movimientos» por parte del Gobierno. A través de las redes sociales, Nogueras volvió a dejar claro que estos «movimientos» se referien a avances en la situación de «presos políticos y exiliados» y a la posibilidad de hablar de autodeterminación: «Votaremos no. Lo hemos dicho claramente. O hay movimientos (y movimientos no es una oferta) o no hay presupuestos».

Otra voz del independentismo que aludió al proceso judicial fue el vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts per Catalunya, Josep Costa, uno de los miembros de esta coalición más radicalizado y alineado con la estrategia de confrontación que propugna Carles Puigdemont. «Las querellas por rebelión salieron del Consejo de Ministros del Reino de España. Mantener esta acusación calumniosa será también responsabilidad del Consejo de Ministros del Reino de España. Si Pedro Sánchez piensa que la gente va a mirar para otro lado, se equivoca mucho», advirtió Costa.

También en contra de la posición de la Fiscalía se manifestó el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, que consideró una «barbaridad» que el ministerio público mantenga la rebelión, del tipo agravado para los principales cabecillas. «Es una barbaridad, en Cataluña no hubo violencia», aseguró Errejón. A su juicio, «ninguna medida punitiva va a arreglar los problemas» que, a su juicio, son «políticos». «Los políticos no estamos para hacer de jueces, sino para solucionar problemas», añadió el dirigente morado, para quien en Cataluña «hay una sola solución», «el diálogo entre los diferentes y volver a llegar a un acuerdo entre Cataluña y España».

«Martingalas»

Ya fuera del plano político, abogados defensores de los dirigentes independentistas procesados por el 1-O rechazaron ayer entrar en valoraciones sobre lo que calificaronn de «tácticas de distracción». En declaraciones a Rac1 recogidas por Efe, Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell, entre otros, apuntó que las noticas difundidas son «martingalas que nos hacen entrar en su relato».

«Lo único que aceptaremos es una absolución», subrayó Van den Eynde, que quiso precisar que no responsabiliza de lo conocido ayer a la Fiscalía General del Estado sino a «fiscales concretos» del Tribunal Supremo que, según afirmó, «desde 2015 han planificado de forma muy cuidadosa la respuesta jurídica contra» el proceso independentista.

Por su parte, Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, apuntó en TV3 que «no habiendo fundamento para acusar por rebelión, que pidan 15 o 25 años realmente nos da bastante igual». Jordi Pina, letrado de Jordi Sánchez, añadió que «con el Código Penal en la mano podremos defender técnicamente que realmente no hay delito de rebelión, ni de sedición, ni de malversación».