Villarejo tampoco tenía licencia para ejercer como detective privado

Villarejo está en prisión preventiva desde su detención en noviembre de 2017 por, entre otros delitos, el de cohecho, dado que habría estado prestando servicios profesionales de investigación a través de su entramado empresarial siendo policía en activo, lo cual sería incompatible.

Es la misma imputación que recae sobre quienes fueron sus clientes y que pagaron cantidades en ocasiones millonarias a las empresas del comisario sabiendo o no, que seguía desempeñándose como policía, posición que de acuerdo a las pesquisas le permitía acceder a datos restringidos de las personas a las que investigaba.

La clave de esta diligencia es que al margen de la condición de funcionario público de Villarejo, esas empresas ni siquiera tenían autorización para prestar esos servicios de investigación privada, tal y como certifica en un escrito al juzgado el comisario principal jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana al que ha tenido acceso ABC.

En su escrito, repasa las 29 empresas localizadas como parte del entramado de Villarejo, incluidas las derivadas del Grupo Cenyt como Cenyt Consultoría Organizacional o el bufete de abogados Stuart & Mckenzie, sociedades con las que suscribió o facturó servicios que ahora están bajo la lupa como los prestados al BBVA. De hecho, la diligencia tiene impacto sobre esa pieza, así como sobre otras nueve de la quincena que quedan vivas en la macrocausa.

«Ninguna de las mercantiles identificadas en la presente investigación como integrantes del Grupo Cenyt, cuyo titular real es el investigado José Manuel Villarejo está autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la Ley de Seguridad Privada», concluye el juez de esa diligencia.