El comisario Villarejo, a la salida de un juzgado
El comisario Villarejo, a la salida de un juzgado - EFE

Villarejo alega que sacaba de internet los informes secretos del Sepblac

El espionaje a abogados destapa el interés del comisario por la red de Gao Ping

MadridActualizado:

«¿Cómo obtuvo usted informes del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales)?», le preguntaron los fiscales Anticorrupción al excomisario Villarejo tras hallar en su poder documentos reservados que ni siquiera estaban aportados a procedimientos judiciales. «Los saqué de Internet», se despachó el policía sin inmutarse. Ocurrió durante su declaración judicial del 12 de enero de 2018 cuando se le interrogó sobre los llamados «Proyecto Iron» (espionaje a un bufete de abogados) y «Proyecto Land» (por el que fue detenida el mes pasado la empresaria Susana García Cereceda) de los que el policía aseguró no acordarse.

La Fiscalía quería saber cuál era el contenido de dichos proyectos, los clientes y el modo de pago. Por el primero, la red de Villarejo pidió 625.000 euros (se ha acreditado el cobro de 302.000) y por el segundo -seguimientos y espionaje a Yolanda Cereceda y a su marido- se acordaron 300.000 euros. El dinero había acabado en el Grupo Cenyt, según la investigación, y no se encontró «ni rastro» de que esos informes fueran encargados ni directa ni indirectamente por departamentos públicos de la seguridad del Estado, el argumento recurrente del comisario que en su día llegó a apoyar Interior.

Secreto tributario

Sobre el «Proyecto Iron», como informó ABC, los investigadores encontraron numerosos indicios, tanto en un pendrive como en papeles y material informáticos que guardaba en sus chalés y en su oficina. Los responsables del bufete Herrero acusaban a Balder -otro despacho de abogados creado por antiguos socios- de haberse apoderado de información de sus bases de datos y sus clientes. Tenían también sospechas de que Balder contaba con apoyo financiero de quien aún era su socio -José Antonio Hernández Rodríguez- o de su entorno.

La organización de Villarejo ofreció su batería de medidas jurídicas, de investigación y mediáticas que incluían saltarse el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el secreto tributario. Uno de los documentos hallados con el nombre «Iron: Perfil (13.11.2013)» hace referencia expresa al uso de documentación reservada judicial y de inteligencia financiera y relacionan al investigado con la organización de Gao Ping.

En ese documento consta, por ejemplo, que José Antonio Hernández había liquidado en 2012 una cuenta en el BSI de Lugano que llegó a acumular más de un millón de euros. «En 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal, JAHR repatrió todos los fondos, en torno a los 500.000 euros, de la cuenta (aportan la numeración completa) en Lugano-Suiza. Para ello contó con los servicios de Martín Collado, un gestor de patrimonios que colaboró con Gao Ping en la operación Emperador. En septiembre de 2012, desde la sucursal de Credit Agricole del Paseo de la Castellana, Martín Collado transfirió 340.000 euros a una de la cuentas bancarias de la red de Gao Ping. Por este motivo se le imputó blanqueo de capitales».

Más adelante, Villarejo y su organización detallan la cuenta de Cajamar a la que que JAHR y su mujer han repatriado 150.000 euros «los únicos fondos declarados», explican atribuyendo esa información absolutamente reservada a «fuentes fiables de toda solvencia» y especificando que la han conocido «muy confidencialmente». La alusión en otro apartado a documentos del Sepblac con los que se hicieron motivó el interés de Anticorrupción, que tiene constancia de que al menos un inspector de Hacienda y varios policías corruptos les facilitaban información reservada.

En otro documento llamado «N.I. IRON José Antonio Hernández Rodríguez» se incide en el acceso a papeles reservados, en ese caso actuaciones judiciales del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Fernando Andreu. Fue este quien instruyó la causa contra la red de Gao Ping, aunque tuvo que abstenerse en la pieza en la que se investigó a funcionarios por su amistad con el comisario Carlos Salamanca, detenido y encarcelado junto a Villarejo. Salamanca fue exonerado en la trama de Gao Ping, pero en la operación Tándem se le investiga por los cohechos que habría cobrado a cambio de introducir guineanos.

Las querellas

«Según la documentación del Juzgado número 4, el 14 de septiembre de 2012 Hernández y su esposa ordenan una transferencia de 340.000 euros desde la cuenta en Suiza (…) a la cuenta de Hong Kong Xi Yi Guo Mao Cheng Group CO (sociedad del entramado de Gao Ping)». Los fiscales los citaron como imputados.

Ahora, los investigadores tratan de delimitar la relación exacta del comisario Villarejo con la operación Emperador. Un informe elaborado entonces por Asuntos Internos de la Policía en el que aparecía su hijo -José Manuel Villarejo Gil- desató la guerra interna entre su padre y el responsable de esa unidad, Marcelino Martín Blas, aún abierta y plagada de denuncias y causas judiciales. Villarejo presentó además varias querellas (ninguna se admitió) contra los fiscales Anticorrupción de Emperador a los que trató de vincular con el CNI y con un grupo criminal. Esos informes son parte de la «factoría Villarejo», que siguen apareciendo y engrosando los delitos que se le imputan.