Las víctimas exigen a los etarras que ayuden a esclarecer más de 300 asesinatos

Alfonso Sánchez , presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), lo asegura sin ambages a ABC: «Son terroristas pero no gilipollas. Han destruido armas y las que entregan no van a contribuir a esclarecer asesinatos pendientes. Hasta las han lavado con lejía para quitar restos de ADN».

Alfonso Sánchez sostiene que la entrega del sábado es un «cirquillo, una broma» y denuncia que en el fondo buscan «sacar rédito con los presos, 350 entre España y Francia». Pero desde la AVT insisten en que el preso etarra que quiera un beneficio penitenciario « que colabore con la justicia , que eso está recogido en la vía Nanclares». El líder de la asociación lamenta que «los pocos que se han acogido no han colaborado» para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido y no cree que «vayan a colaborar nunca».

Por eso creen necesario que se mantenga la política de dispersión de los presos y que «cumplan sus condenas»: «No queremos que fusilen a nadie ni cadena perpetua, pero los condenados, ni un día menos de cárcel».

Desde la AVT también abogan por que la justicia siga contando con medios para continuar las investigaciones abiertas, porque «hay que seguir persiguiendo a los etarras». Alfonso Sánchez recuerda que hay extradiciones pendientes, las de etarras que se refugiaron fuera de España tras las conversaciones de Argel. La AVT, que las solicitó en 1997, recuerda que «solo uno de los terroristas reclamados tiene cinco asesinatos pendientes». De hecho, los últimos juicios celebrados en la Audiencia Nacional se lograron gracias a las extradiciones de México , que supusieron la reapertura de once casos.

Carmen Ladrón de Guevara , abogada de la AVT, se felicita de la reapertura de una veintena de casos, de los que «se han resuelto doce desde que hicimos el informe de situación, en 2011». Entre los reabiertos está el asesinato del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y general de la Armada José Francisco Querol, su escolta y su chófer en octubre del año 2000.

El agente de la Ertzaintza Josu Puelles , vicepresidente de Covite y hermano del inspector de Policía Nacional asesinado Eduardo Puelles, asevera que «lo principal no es que entreguen los arsenales, sino que se entreguen ellos mismos, que se dejen de pistolitas y pasen por la Justicia para que sean juzgados con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho», informa Adrián Mateos.

El cese de ETA se ha traducido, lógicamente, en una reordenación de los recursos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Especialistas en terrorismo de la Policía y la Guardia Civil han sido destinados a la lucha contra el yihadismo , la gran amenaza mundial para Occidente. Pese a esto, hay un remanente que sigue trabajando en casos de ETA sin resolver, entre sobreseídos, prescritos y amnistiados.

«El dolor de las víctimas no prescribe nunca, los padres que le han matado a un hijo, los hermanos... Ese vacío está siempre y queremos que haya justicia porque las familias no han sido capaces de cerrar ese luto». Las víctimas contemplan ahora, perplejos, a los que se denominan «artesanos de la paz» y han estado años «mirando al techo», denuncia el presidente de la AVT.

Por otro lado, como desveló ABC el pasado enero , el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto la investigación del asesinato etarra del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz, ametrallados en Beasain (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1979. El crimen estaba prescrito, pero los argumentos esgrimidos por el fiscal se pueden traducir en la reapertura de muchos más casos. Tras el escrito presentando por el abogado Santiago Milans del Bosch, en colaboración con la Fundación Villacisneros, la Fiscalía de la Audiencia Nacional razonó que aunque el atentado en sí pueda estar prescrito, hay otro delito cometido por los etarras, el de integración en organización terrorista o banda armada, que «es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha Organización».

El representante del Ministerio Público incide en que el delito de pertenencia « solo deja de cometerse cuando las personas integradas han sido detenidas o se desvinculan de la Organización terrorista, extremos estos que a día de hoy no se acreditan, por la razón de desconocerse los autores materiales». Por todo ello, hay que investigar para descubrir a los autores y después se verá si se puede proceder contra ellos. La Policía y la Guardia Civil están recabando toda la información de este atentado, cruzando datos de investigaciones posteriores, para entregar un informe al juez.

Todos los colectivos de víctimas hacen hincapié en la importancia de esclarecer los asesinatos no resueltos. Daniel Portero , presidente de Dignidad y Justicia, ha instado al Gobierno a mantener la política de dispersión de los presos no sólo hasta que se disuelva ETA, «sino hasta que los terroristas aporten la información precisa para esclarecer los atentados sin resolver». Portero insiste en que casi la mitad de los más de 800 asesinatos de ETA aún no se ha resuelto. Por ello, entiende que «por mucho que haya disolución», ETA «no puede recibir contraprestaciones».

Mientras, Mari Mar Blanco , presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, considera que lo que hay que hacer es trabajar por la «memoria, dignidad y justicia» de las víctimas.