El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechaza detener al juez y al fiscal del caso Cursach

El escrito en el que se solicitaban las citadas medidas cautelares contra el juez y el fiscal fue entregado el pasado jueves por los letrados Vicente Campaner y José Ignacio Herrero. La presentación de dicho documento tuvo lugar después de que una testigo considerada clave en esta causa se hubiera puesto en contacto con Campaner para darle una versión radicalmente distinta de la que hasta hoy ella misma había ofrecido sobre los hechos investigados. Así, esta mujer denunció ante Campaner que habría sido «coaccionada» por el instructor y por el acusador del caso, quienes presuntamente le habrían dado indicaciones para que declarase contra varios policías que luego serían imputados.

El escrito entregado al TSJIB se acompañó, el pasado viernes, de unas grabaciones hecha por la propia testigo —de manera oculta— en el despacho del juez en presencia del fiscal y por la captura de varios «whatsapps» que, supuestamente, le habrían enviado Penalva y Subirán , así como también agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Toda esa documentación se presentó para i ntentar demostrar la presunta existencia de coacciones , presiones o indicaciones para que dicha testigo declarase en un determinado sentido en sus comparecencias judiciales.

Los dos abogados citados habían presentado ya en agosto de este año una querella ante el TSJIB contra el juez Penalva y el fiscal Subirán, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia . Los letrados presentaron la citada denuncia en representación de la hermana de un investigado en el caso Cursach. Con posterioridad, ambos abogados han ido presentando diversas ampliaciones de la querella, que de momento aún no ha sido admitida a trámite.

Por lo que respecta al auto dictado este martes por el TSJIB en relación a las medidas cautelares solicitadas por los letrados Campaner y Herrero, la Sala ha señalado en una resolución inusualmente dura que «la petición de medidas en cuestión cursa con eminente desprecio de la independencia judicial constitucionalmente consagrada a favor de los jueces que tomaron tales decisiones, a reserva de que quepa su anulación o revocación por vía de recurso». En esa misma línea, se añade que « al solicitar semejantes medidas se desconoce, olvida, o silencia, que no es posible dirigir instrucciones ni prevenciones a los jueces sobre el modo de decidir, salvo la potestad de revisar sus decisiones».

Para el TSJIB, «quien ha presentado la querella pretende eliminar, sin respetar, algunos derechos fundamentales ni las correspondientes exigencias legales sobre competencia y procedimiento». Más adelante, la Sala recalca que «la adopción de semejantes medidas cautelares constituiría la invasión indebida (y algo más) de un ámbito jurisdiccional ajeno a este tribunal». El auto concluye indicando que «no habiéndose todavía concluido la presencia de sospechas adecuadas para admitir a trámite la querella, menos podría considerarse que concurren indicios racionales de criminalidad que justifiquen la prisión».

Cabe recordar que el caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán i nvestigan desde hace un lustro la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios , entre ellos Cursach. Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios de Palma y Cal viá, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos. En esta compleja causa judicial hay en torno a un centenar de personas imputadas.

Precisamente, Cursach y uno de sus colaboradores más próximos, Bartomeu Sbert, comparecieron ayer lunes ante el juez para declarar en calidad de investigados —equivalente a imputados— en el marco de una de las piezas separadas del caso Cursach, centrada en la indagación acerca de presuntos sobornos a funcionarios. Tanto Cursach como Sbert, que se encuentran en prisión preventiva desde marzo , negaron ante el magistrado los supuestos cohechos de los que se les acusa.

Sbert ha afirmado además ante el juez que cuando fue detenido, en febrero de este año, la Policía Nacional le habría presionado para que incriminase en la macrocausa de la que deriva el caso Cursach al antiguo presidente del PP de Palma, José María Rodríguez. Según Sbert, un agente le habría dicho que quedaría en libertad si implicaba en el caso al citado político popular.

Coincidiendo con la declaración de Cursach y de Sbert, se celebró ante los Juzgados centrales de Palma una concentración contra el juez Penalva y contra el fiscal Subirán, bajo el lema «Corrupción en el Juzgado de Instrucción» . El objetivo de la protesta, que había sido convocada por el citado abogado Campaner, era solicitar la detención e inhabilitación del magistrado y del acusador por, presuntamente, haber coaccionado a testigos y haber manipulado pruebas . A continuación, unas 300 personas se dirigieron a la sede del TSJIB para, en principio, concluir la protesta allí. Entre las personas que participaron en la manifestación se encontraban familiares de Cursach y de Sbert, así como trabajadores del Grupo Cursach y familiares y amigos de personas investigadas en esta causa o que se encuentran en prisión preventiva en estos momentos.

Esta concentración fue criticada por la Unión Progresista de Fiscales y también por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, a través de sendos comunicados. En esa misma línea crítica se pronunció el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, quien en declaraciones a los medios señaló que debe respetarse siempre la independencia judicial.

Por otra parte, varios abogados que defienden a algunos imputados en la causa tienen previsto solicitar en los próximos días ante la Audiencia Provincial de Palma la recusación del juez Penalva, al considerar que el magistrado podría haber perdido la objetividad que precisa cualquier proceso a lo largo de la actual fase de instrucción.