Unas 300 personas se manifiestan en Palma contra el juez y el fiscal del caso Cursach

Tanto Cursach como Sbert, que se encuentran en prisión preventiva desde marzo, han negado ante el juez los supuestos cohechos de los que se les acusa. En febrero, cuando Cursach fue detenido, el conocido empresario se había acogido a su derecho a no declarar. Por su parte, Sbert ha dado a conocer ante el magistrado que un policía le habría coaccionado meses atrás para que incriminase, en la macrocausa de la que deriva el caso Cursach, al entonces presidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

Las dos comparecencias han sido muy breves, pues han durado en torno a unos quince minutos. Cursach ha respondido a las preguntas de su abogado y del juez, pero no a las del fiscal . Por otro lado, el abogado de Sbert ha informado al magistrado de que pedirá su recusación, para que instruya la causa otro juez.

Coincidiendo con la declaración de Cursach, se ha celebrado ante los Juzgados centrales de Palma una concentración contra el juez y contra el fiscal , bajo el lema «Corrupción en el Juzgado de Instrucción». El objetivo de la protesta era solicitar la detención e inhabilitación de ambos por, presuntamente, haber coaccionado a testigos y haber manipulado pruebas . A continuación, unas 300 personas se han dirigido a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para concluir la protesta allí.

La citada marcha ha transcurrido por varias calles del casco antiguo, logrando interrumpir el tráfico en algunos instantes. Durante el recorrido, los asistentes han hecho sonar silbatos o han coreado consignas o palabras como «¡Justicia!», «¡Corrupción!», «¡Libertad!», «¡Manos arriba, esto es un atraco!» o «¡Que España se entere!». Entre las personas que han participado en la manifestación se encontraban familiares de Cursach y de Sbert, así como trabajadores del Grupo Cursach y familiares y amigos de personas investigadas en esta causa o que se encuentran en prisión en estos momentos.

Este acto ha sido criticado en las últimas horas por la Unión Progresista de Fiscales y también por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, a través de sendos comunicados. La primera entidad considera dicha concentración «un mecanismo inaceptable de coacción y presión a la función jurisdiccional», mientras que las tres asociaciones judiciales citadas lamentan «profundamente» toda acción que «busque y persiga socavar la independencia judicial porque ello supone un ataque al Estado de Derecho».

En esa misma línea se ha pronunciado esta mañana el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló. En declaraciones a los medios, Barceló ha señalado que en cualquier proceso judicial siempre cabe la posibilidad de poder presentar recursos, por lo que, en su opinión, « salir a gritar contra las decisiones de jueces y fiscales no es lo adecuado ». En ese contexto, ha afirmado también que debe respetarse la «independencia judicial».

La protesta fue convocada el pasado viernes por el abogado Vicente Campaner , después de que una testigo considerada clave en el caso Cursach se hubiera puesto en contacto con este letrado para darle una versión radicalmente distinta de la que hasta hoy ella misma había ofrecido sobre los hechos investigados. Así, esta mujer denunció la pasada semana ante Campaner que habría sido «coaccionada» por el instructor y por el acusador, quienes presuntamente le habrían dado indicaciones para que declarase contra varios policías que luego serían imputados.

Cabe recordar que el caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan desde hace un lustro la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá . Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Cursach. Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios de Palma y Calviá, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos.

En esta compleja causa judicial, aún en fase de instrucción, hay en estos momentos en torno a un centenar de personas imputadas . Además, varios testigos habrían sido amenazados de muerte en estos últimos meses a raíz de sus declaraciones. En ese contexto, a principios del pasado año la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez y el fiscal pudieran ir armados con una pistola, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados.

El abogado con el que la mencionada testigo protegida habló la pasada semana y otro letrado, José Ignacio Herrero , presentaron el jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un escrito en el que ponían en conocimiento de dicho órgano judicial lo que ahora afirma esta mujer. El escrito se acompañó, un día después, de unas grabaciones hecha por la propia testigo —de manera oculta— en el despacho del juez en presencia del fiscal y por la captura de varios «whatsapps» que, supuestamente, le habrían enviado Penalva y Subirán, así como también un agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Toda esa documentación demostraría la existencia de supuestas coacciones, presiones o indicaciones para que la testigo declarase en un determinado sentido en sus comparecencias judiciales.

En el citado escrito remitido al TSJIB, los abogados Campaner y Herrero pedían la detención del juez y del fiscal para que presten declaración en relación a las mencionadas nuevas revelaciones de la mujer. Además, solicitaban que se retire a Penalva y a Subirán el actual permiso que tienen para portar armas. Tanto Campaner como Herrero habían presentado ya en agosto de este año una querella ante el TSJIB contra el instructor y contra el acusador, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia. Los dos abogados presentaron la citada denuncia en representación de la hermana de un investigado en el caso Cursach.

A estas actuaciones de Campaner y de Herrero se podrían sumar en breve las que podrían poner en marcha otros abogados que defienden a distintos imputados en esta causa judicial. Así, es posible que diversos letrados soliciten la suspensión de algunas declaraciones previstas en fechas próximas o que planteen varias nulidades en el proceso. Incluso existe la posibilidad de que se pida la recusación del juez Penalva, para que la instrucción pase a ser asumida por otro magistrado.

Cabe recordar, finalmente, que la testigo clave del caso Cursach es la misma persona que denunció que dos ex políticos locales del PP habrían acudido años atrás, en varias ocasiones, al prostíbulo que ella misma regentaba junto con una antigua socia. Dichos políticos serían el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el actual diputado autonómico del Grupo Mixto Álvaro Gijón, que habrían participado en orgías con prostitutas, alcohol y drogas supuestamente financiadas por Cursach. Tanto Gijón como Rodríguez siempre han negado de manera rotunda esos supuestos hechos.

Para avalar su denuncia, la mujer entregó al juez en junio una agenda manuscrita en la que, según explicó, tanto ella como su socia habían registrado datos como las fechas en las que los dos políticos citados habrían acudido a su prostíbulo o el coste de los servicios prestados. Las anotaciones conjuntas de ambas mujeres en el dietario corresponderían, según declaró la mencionada testigo, al periodo comprendido entre 2014 y 2016. Sin embargo, la socia de dicha testigo falleció en febrero de 2012, según consta en el Registro Civil de Palma.