La UDEF se quejó por escrito al juez por quitarles la investigación de la trama secesionista

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se la arrebató a la Policía Nacional (que llevaba casi tres años investigando y ya había arrestado a 33 personas en 2018) el 30 de enero del año pasado y se la entregó a la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil, que actuó la semana pasada . El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Fernando Moré, envió un oficio al juez quejándose por ese cambio de investigadores y detallando todo lo que los agentes habían hecho. Ese documento inédito en el que se plasma un evidente malestar consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso ABC.

«El auto es totalmente incomprensible y ha supuesto toda una sorpresa» para la UDEF, «quienes no han recibido ni una sola llamada del juez expresando quejas o disconformidad (...) en todas las reuniones con su señoría el ambiente siempre ha sido cordial y distendido», indica el comisario.

Lo sorprendente es que, según ese oficio, el propio Aguirre felicitó a los investigadores el 10 de enero y veinte días después dictó un auto en el que acordó «suspender la investigación que está realizando hasta hoy la UDEF del CNP» ; requerir que entregaran a su juzgado todo el material intervenido en las entradas y registros (19 en sedes de la Generalitat, Diputación de Barcelona, fundaciones, empresas y domicilios particulares) que hicieron el 24 de mayo de 2018 y «todo cuanto material probatorio hayan podido reunir durante la investigación». En ese auto les comunicaba que daba las pesquisas a la Guardia Civil.

En el documento, el comisario detalla todo lo que han investigado hasta entonces. Explica que el caso surge de una denuncia anónima en el Juzgado de El Vendrell (Tarragona) en la que se aludía a irregularidades en la adjudicación de subvenciones que la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona concedía a empresas, fundaciones y subvenciones. Se trataba de 30 partidas entre 2011 y 2015.

«Tras casi tres años de una compleja y laboriosa investigación y del análisis de una ingente cantidad de documentación, toda ella en catalán, (...) la UDEF halla los suficientes indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros, para llevar a cabo un operativo policial», explica el comisario.

En aquella operación en la que participaron casi 500 policías se intervino un enorme volumen de documentos en papel y en dispositivos informáticos, incluido el teléfono de Victor Terradellas en el que estaban grabados dos audios, fundamentales para tirar de la causa.

En la carta se explica el procedimiento operativo llevado a cabo y se combaten los argumentos del juez Aguirre para quitar a la Policía la competencia de las pesquisas. El magistrado argumentó «falta de diligencia y la petición reiterada para la presentación de algún informe» seis meses después del operativo policial.

«No hubo tal falta de diligencia», rebate la UDEF. No recibieron jamás una queja del juez, le mandaron un mail en septiembre informándole de todo lo que habían actuado y respondieron a tres peticiones suyas en el mes de diciembre. Unas peticiones que, en algún caso, no les habían hecho jamás. «De todas las investigaciones que ha realizado la UDEF esta es la primera vez que se requiere a un grupo operativo la entrega de la copia de TODO el material intervenido (...) en bruto, sin haber sido previamente analizado por el grupo investigador». Casi 1 TB de información y unos 10.000 folios que le copiaron en un disco duro.

Más tarde el juez se quejó porque no podía acceder desde su juzgado a ese disco duro. Los agentes contactaron con sus informáticos de Cataluña para solucionar el problema de las carencias del juzgado. También les pidió, en plena Navidad, la transcripción de toda la información de los teléfonos intervenidos. El día 10 de enero de 2019 tuvieron una reunión con Aguirre donde felicitó a los policías. En el auto de veinte días después escribió el juez: «Se agradece la profesionalidad y colaboración demostrada», pero les quitó la investigación.

Otra de las razones esgrimidas por el instructor es que había indicios sobre la financiación ilegal de Catmon procedente de diferentes administraciones públicas catalanas y eso entroncaba con la causa de malversación de caudales públicos destinados al independentismo que llevaba la Guardia Civil. La Policía argumenta que habían informado de esos indicios dos años antes.

La UDEF auguraba que asignar las pesquisas a un Cuerpo diferente podía provocar un retraso importante y añadía que en cuanto obtuvieron información sobre la financiación del independentismo habían creado un equipo conjunto con la Comisaría General de Información.