El Tribunal Supremo pide explicaciones a Batet sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez

La Sala de lo Penal condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia, acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, en total 540 euros. Tan clara era la sentencia en cuanto a que el cumplimiento de la pena de inhabilitación era independendiente de la sustitución de la pena principal que la Sala consideró la semana pasada innecesario acceder a la aclaración de sentencia que le había pedido el diputado condenado. De ahí la sorpresa que fuentes del Tribunal manifestaron ayer a ABC ante el hecho de que se estuviera sometiendo a votación su propia sentencia.

Cuando la presidenta del Congreso reciba en las próximas horas el oficio del Tribunal Supremo tendrá que explicar al Alto Tribunal las circunstancias en las que se ha dado cumplimiento a la ejecución de una condena que el Supremo puede instar de oficio.

Aun así, como ha informado ABC, PP y Ciudadanos han puesto en marcha una batería de iniciativas tendentes a revocar la decisión de la Mesa sobre la permanencia de Rodríguez en su escaño. Y la portavoz popular, Cuca Gamarra , no ha tardado en salir a valorar el movimiento del Tribunal Supremo considerando de «máxima gravedad» que durante los últimos días Batet y una parte de la Mesa del Congreso «se haya dedicado a buscar un camino para que este diputado no cumpliera la pena».

Los populares piden a PSOE y Unidas Podemos que den marcha atrás y enmienden su error y para ello han registrado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa del Congreso solicitando que se reúna «de manera urgente» y ejecute la sentencia inhabilitando a Alberto Rodríguez. En este documento, los populares califican la decisión de la Mesa de «manifiestamente equivocada» al basarse en que el pago de sanción «altera» la pena impuesta y hace imposible de aplicar la inhabilitación que la sentencia recoge como pena accesoria. Reclaman , además, que si PSOE y Unidas Podemos se abstienen de rectificar intervenga la Junta Electoral Central.

Paralelamente, la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, presentan ultiman otros escrito como miembros de la Mesa reclamando una reunión urgente. Desde la Presidencia del Congreso la respuesta es, de momento, silencio y también desde la Junta Electoral Central, que no se da por aludida por el movimiento del Tribunal Supremo subrayando que el oficio ha sido dirigido a la Cámara Baja. Este órgano sigue sin previsión de reunirse y desde el principio ha justificado su silencio en la intervención del Congreso.

Y es que Batet se ha desviado en este caso del protocolo seguido en los precedentes anteriores para poder someter a votación política la ejecución de la sentencia. Hasta ahora, como sucedió en el caso del exportavoz parlamentario Francesc Homs , el Congreso remitía la sentencia a la Junta Electoral para que ejecutara la sentencia. En aquel momento presidía la Cámara Ana Pastor .

«No cabe interpretación por parte de la Cámara sino la ejecución», ha insistido Gamarra, pidiendo a PSOE y Unidas Podemos pero especialmente a Batet que «abandonen ese camino que han emprendido de instalarse en el conflicto con el Tribunal Supremo».

La portavoz popular también ha reclamado «explicaciones» urgentes y ha hecho hincapié en que la comunicación remitida este miércoles por el Tribunal Supremo no deja «ninguna duda de como debe interpretarse y ejecutarse» la condena de Alberto Rodríguez . «La responsabilidad y la obligación de los responsables políticos es cumplir y hacer cumplir la ley y en este caso la sentencia», ha recordado Gamarra, insistiendo en que el diputado morado debería dejar de manera inmediata su acta. «No caben subterfugios ni dilaciones», ha advertido.

Desde Vox, la portavoz adjunta, Macarena Olona, ha considerado que el Supremo ha dado un paso «muy importante» ante la «cacicada» de someter a votación el cumplimiento de la sentencia y de que «la mayora socialcomunista haya votado a favor del incumplimiento de esa sentencia». En este sentido, ha insistido que su grupo ejercerá «hasta la última acción legal a su alcance» para que sean el Supremo o la Junta Electoral Central quien interprete la sentencia y no «la que ya es conocida como Meritxell Forcadell , presidenta de este Congreso«.

Olona ha acusado a la dirigente socialista de «esconderse detrás» del informe jurídico que elaboró el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, defendiendo que el pago de la sanción modificaba la pena impuesta a Rodríguez y hacía desaparecer la pena accesoria. La dirigente de Vox asegura que ese dictamen no fue solicitado por la Mesa de la Cámara sino por la propia Batet por lo que ha considerado que podría abrir batalla con el Supremo. «Veremos si se saca otro informe de la manga», subrayó.

También el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, consideró una «vergüenza» la decisión de ayer de la Mesa y «llamativo» que «obviara su obligación» de comunicar al Tribunal Supremo su decisión sobre Rodríguez, obligando a esta institución a «pedírselo», después de enterarse por los medios de comunicación. Para Bal, el oficio remitido por el Supremo «le está diciendo a la Mesa que quien decide sobre la sentencia soy yo, no usted» por lo que ha advertido que no es «buen comienzo» en torno a esta sentencia.

Ante este pulso entre dos poderes del Estado, Bal ha vuelto a pedir a Rodríguez que renuncie a su escaño y recurra la sentencia porque es «indigno absolutamente» que un diputado mantenga su condición después de haber quedado probado que «ha pegado» a un miembro de las fuerzas del orden cuando su partido forma parte del Gobierno. «No tiene un pase lo que ha hecho», remachó.