PSOE y Podemos mantienen a Alberto Rodríguez en su escaño

Este dictamen, de doce páginas, concluye que «la sustitución no es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma, de manera que vendría a transformar la pena principal desde su origen, previéndose en la propia sentencia y no de manera derivada como un efecto de la misma en la fase de ejecución».

«No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado» de Alberto Rodríguez , añaden los letrados de la Cámara Baja, «no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida» contemplada en la Ley Electoral «ni ninguno de los supuestos» que el Reglamento del Congreso establece para la suspensión de los derechos del diputado o la pérdida de su condición.

Tanto el PSOE como los servicios jurídicos del Congreso se han alineado así con las tesis de Unidas Podemos y el propio Rodríguez respecto a que el pago de la sanción sustituye tanto a la pena principal, la prisión, como la accesoria, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El debate ha sido tenso y la vicepresidenta segunda, la popular Ana Pastor, ha defendido que la sentencia contempla la inhabilitación como pena accesoria y, por tanto, no sustituible con el pago de sanción porque éste solo afecta a la pena principal. A partir de aquí ha considerado que «deben adoptarse las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia» que «lleven a la retirada de la condición plena de diputado de don Alberto Rodríguez», apoyándose tanto en el Reglamento del Congreso como en la Ley Electoral.

El diputado, condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo pierde su condición de parlamentario, porque la causa sobrevenida de inelegibilidad posterior a su elección determina su cese, ha subrayado Pastor, que ha anunciado que redactará un voto particular.

La dirigente popular defiende que la sentencia del Supremo «claramente explica que la sustitución no afecta a la pena accesoria» y que esta es una «consecuencia de la imposición de la privativa de libertad, y no de su ejecución». Y hace hincapié en que «la pena de inhabilitación conlleva la privación de titularidad, mientras que la suspensión solo priva de su ejercicio». Por esta razón, Pastor niega que pueda aplicarse a este caso la sentencia del TC 7/1992 en la que suspendió al condenado de cargo público sin pérdida de de condición de diputado.

Además, ha considerado que al existir discrepancias sobre este punto, el Congreso debe pedir al Tribunal Supremo aclaración del auto de ejecución de sentencia y ha solicitado la intervención de la Junta Electoral Central para hacer efectiva la inelegibilidad sobrevenida de Rodríguez y expedir la credencial al siguiente candidato de la lista electoral de Unidas Podemos.

También desde el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra , ha denunciado que la Mesa ha realizado una interpretación de la sentencia en vez de una ejecución de la misma, algo que «no le corresponde». Ayer el PP remitió un escrito a la Junta Electoral reclamando su intervención y hoy elevará un escrito al Tribunal Supremo informándole de lo ocurrido en el Congreso «para que tenga conocimiento» y remitirá un escrito a la Mesa solicitando su reconsideración. «La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias», ha cargado, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política.

No es el único movimiento jurídico que van a llevar a cabo los partidos conservadores. Ciudadanos no está representado en la Mesa del Congreso pero su portavoz, Edmundo Bal , ya ha anunciado que su grupo peleará porque esta situación «no se mantenga» y ha anunciado que su primer paso será pedir a la Junta Electoral Central que se pronuncie sobre «si existe o no existe» causa sobrevenida de inelegibilidad y, por tanto, la pérdida de condición de diputado.

También ha adelantado que pedirá a la Fiscalía «que abra un incidente de ejecución en la Sala Segunda dado que es esta propia sala del Tribunal Supremo la que es competente para conocer si la sentencia que ha dictado se encuentra bien o o mal ejecutada por aquellos que tienen la obligación de llevarla a efecto».

Bal ha advertido que los liberales «no vamos a participar en estos chanchullos que suponen facilitarles la vida a aquellos que tienen problemas con la justicia» y ha cargado contra el informe de los letrados advirtiendo que «carece de fundamento» porque el pago de la multa sustituye a la pena de prisión pero no anula la condena ni, por tanto, la pena accesoria.

El portavoz naranja ha subrayado su «más absoluta indignación porque una persona condenada por agredir físicamente a un policía pueda mantener su escaño con el beneplácito del PSOE » y ha reprochado con dureza el cambio discursivo de Podemos. «Si hubieran seguido las cosas que dijeron cuando nacieron, cuando decían que venían a regenerar la política, Rodríguez ya hubiera dimitido al ser imputado. Pero después de ser condenado aferrarse al escaño verdaderamente no tiene nombre...», ha cargado, considerando que la formación morada solo ve en las instituciones «una forma de garantizarse sueldo para vivir».

La mañana ha transcurrido en el Congreso entre celebraciones de la decisión de la Mesa por parte de los grupos de izquierdas y los independentistas y fuertes críticas desde los grupos conservadores. Desde Compromís, Joan Baldoví ha llegado incluso a poner en duda que Rodríguez realizara la agresión por la que ha sido condenado por el Supremo en tanto que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , ha utilizado el caso para volver a atacar a la Justicia española considerando que los magistrados están instaurados en el «a por ellos», en relación al independentismo y la izquierda radical. Tanto las portavoces de Junts, Miriam Nogueras , como de la CUP, Mireia Vehí , han acusado al Supremo de agredir a los derechos de los diputados y también han aplaudido que Rodríguez mantenga el escaño.