El TC abordará en su próximo Pleno la «ley mordaza» del PP que el Gobierno utiliza para multar

Como publicó ABC, varios magistrados del Tribunal llevaban semanas intentando hacer ver al presidente, Juan José González Rivas, la necesidad de seguir desempeñando su trabajo con normalidad, de forma que si el Pleno presencial no era posible por el riesgo que el mismo entrañaba en los magistrados –la mayoría supera los 70 años–, al menos se utilizaran las herramientas tecnológicas que durante estas semanas están formando parte de las comunicaciones en otros tribunales, administraciones o instituciones para que el tribunal no perdiera su ritmo de trabajo.

Sin embargo, la negativa de González Rivas y de otros magistrados a celebrar un pleno telemático se saldó con una división importante en el tribunal entre los que consideran que el riesgo de hackeos y la falta de regulación en la ley orgánica del TC sobre esta cuestión desaconsejan el uso de esta herramienta y los que creen que estaría plenamente justificada ante la excepcionalidad de la situación y la viabilidad de establecer estas comunicaciones con total seguridad. Finalmente, el presidente ha decidido convocar un Pleno presencial manteniendo la distancia de seguridad entre los magistrados, una solución que sigue disgustando a algunos al considerarlo precipitado.

Aunque el equipo de letrados ha seguido trabajando diariamente y el atasco en la tramitación de asuntos no es muy significativo , no ha habido deliberaciones entre los doce miembros del tribunal, sino que el Pleno del pasado 6 de mayo (el único que se ha celebrado durante este tiempo a través de un procedimiento sustancialmente escrito) se ha limitado a la admisión o inadmisión de procedimientos. Ha sido el caso de los recursos interpuestos por PP y Vox contra la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión del CNI o el presentado por esta última formación contra el propio decreto de alarma. También los recursos de los presos del «procés» contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por sedición.

En esta ocasión, los independentistas vuelven a acaparar buena parte del orden del día del Pleno que se desarrollará del 16 al 18 de junio. En él los magistrados tienen previsto decidir, entre otros asuntos, sobre la recusación del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a todos los miembros del tribunal o la suspensión de las penas de los condenados por el TS mientras se resuelven sus recursos de amparo. Como adelantó ABC, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, los magistrados se inclinan por no acceder a esta pretensión al ser las condenas de prisión del Supremo superiores a los 5 años de cárcel (la más baja, la de los «Jordis», lo es de 9 años) y graves los delitos cometidos.

Otros asuntos relevantes que están en el orden del día son los recursos contra la ley de seguridad ciudadana (conocida como «ley mordaza), la misma que el Gobierno está utilizando para imponer las multas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma. También se estudiará el trámite de admisión de un recurso presentado por Vox contra la suspensión de plazos parlamentarios decretada en el Congreso con motivo de la alarma. La formación de Abascal entiende que se ha eludido el control parlamentario.