Los trabajadores, la baza final de Podemos para salvar el caso Neurona

Podemos está imputado por financiación ilegal o delito electoral en el contexto de un contrato por 363.000 euros que, desde el inicio, está en tela de juicio, pues ni cuadran las fechas de la redacción, la firma y las facturas, ni tampoco la propia empresa: se constituyó en una gestoría como brazo en España de Neurona Consulting, latinoamericana.

Para esclarecer que el contrato fue real y que, como dice Podemos, las incongruencias en las fechas obedecen más a una cadena de errores que a una falsedad documental, era clave aclarar si Neurona prestó los servicios por los que se firmaba aquel contrato . Es relevante porque ese dinero se repercutió a las arcas públicas en el contexto de la financiación de campañas electorales y no pasó el filtro del Tribunal de Cuentas, que no lo veía correctamente justificado.

En un alarde de transparencia, del que dio cuenta el abogado de Podemos en declaraciones a los medios a las puertas del juzgado, el partido aportó una memoria de almacenamiento con «miles» de archivos que decía, constituían todos los trabajos de Neurona para aquella campaña electoral. No cabría lugar a dudas de que la contratación no sólo era cierta sino también, legal.

Ciberdelincuencia cogió los archivos en primer lugar y se dedicó a analizar quién los había creado o modificado , en qué fechas, en qué geolocalización y con qué dispositivos. No tenía conclusiones interpretativas pero ya apuntaba que si bien el grueso del material era del tramo de la campaña electoral, había archivos fuera del marco temporal estipulado en el contrato y de autores más vinculados al partido que a Neurona.

La UDEF, con ese punto de partida, aportó el informe más amplio que adelantó ABC: además de ver los datos, entraron en las imágenes y se encontraron con carteles de otras campañas o fotos de otros políticos que el 28 de abril no concurrían. Sin embargo, el trabajo no cuantifica qué porcentaje de lo aportado no se corresponde con el encargo a Neurona y tampoco entra a valorar si el material que sí podría ajustarse justifica un pago de 363.000 euros . Especialmente, cuando en la causa consta otra empresa que por 15.200 euros hizo una batería de vídeos originales para esa campaña.

El juez tendrá que sopesarlo, pues ese informe estaba llamado a ser crucial y ha resultado que no es ni blanco, ni negro: ni todos los trabajos son reales esclareciendo la sospecha ni todos son falsos apuntalando la acusación.

Y si sobre los trabajos persisten las dudas, mayores son hasta el momento las que rodean a los trabajadores, incluso habiéndose esclarecido ya que Neurona Comunidad no los tenía y que si los hubo, eran de la matriz latinoamericana.

Ni el responsable de aquella campaña, Juan Manuel del Olmo, ni el tesorero ni la gerente, como tampoco un cámara que trabajó para ellos, han sabido decir quiénes ni cuántos eran, ni siquiera su procedencia. Podemos ha aportado recientemente al juzgado una memoria externa de información con una relación de 21 nombres, billetes de avión, listas de hospedaje y fotos caseras de las oficinas donde trabajaban la campaña electoral, para identificar a esos empleados de Neurona Consulting que viajaron a España. El juez ha encargado a la UDEF que haga un informe sobre la autenticidad de este material, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso ABC.

Además, el partido ha pedido la testifical de una docena de sus propios empleados en aquella campaña, que han sido citados el próximo 19 de abril. Se supone que son quienes se desempeñaron codo con codo con los enviados de Neurona Consulting y que tienen en su mano esclarecer que hubo personas trabajando y en qué. De momento, el juez sigue sin librar ninguna comisión rogatoria para buscar este tipo de explicaciones en origen, es decir, en México.

Pero no todo son los trabajos, que serían la base del delito electoral. La imputación del partido lo es también por una posible financiación irregular y en este contexto quedan diligencias por practicar, más allá de lo evidente de aclarar que si el dinero no se fue en servicios reales, hubo de tener otro destino.

En este contexto, cabe recordar que de los 363.000 euros pagados por Unidas Podemos, unos 308.000 viajaron a México por transferencia desde Sevilla a una empresa llamada Creative Advice Interactive . La UDEF presume que fue subcontratada para la prestación efectiva de los trabajos, pero en toda la documentación aportada por Podemos no hay rastro de ella. Ni membretes, ni anagramas. Tampoco los hay de Neurona.

Además, la Policía advierte de que esos giros se hacían porque la cofundadora en España de Neurona Comunidad, Andrea Edlin, i ba enviando al administrador de la empresa órdenes de pago . El problema es que daba una orden un día y la factura, que debía ser previa a esa petición del dinero, lleva fecha del día siguiente.

Hay además un fleco que no se ha esclarecido y es el motivo por el que el que el cofundador de Neurona Comunidad en España y responsable de la versión mexicana, César Hernádez, estuvo girando transferencias en efectivo a cajero por cuenta del dinero electoral a personas vinculadas al partido. Como decía la Fiscalía, no se trata de grandes cantidades, unos 6.800 euros, pero a la fecha siguen sin estar justificadas y sus beneficiarios no han sido llamados a declarar.

Tampoco han sido citados los dos intermediarios de Neurona Comunidad con los socios mexicanos, Waldemar Aguado, autor de varios de los trabajos, y el abogado Germán Cobos. Por descontado, ni César Hernández ni Andrea Edlin han sido convocados. El encargo llegó de México y el dinero electoral se fue allí, pero el juez no ha impulsado averiguaciones en el extranjero nueve meses después de abrir la causa. Tampoco la Fiscalía las ha impulsado.