La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en el Congreso
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en el Congreso - EFE

La suspensión de los presos abre un primer frente a Batet con el Supremo

El Gobierno da por hecho que serán suspendidos pero niega que la presidenta esté dilatando el proceso:«La cuestión es cómo hacerlo»

La Fiscalía recuerda en un escrito al tribunal del «procés» que las Cortes están obligadas a suspender de forma «inmediata» a los presos electos

MadridActualizado:

El primer movimiento de la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se convirtió ayer en el primer litigio del PSOE en la XIII Legislatura. La tercera autoridad del Estado no quiere cargar con el peso de suspender de sus funciones de diputados a los presos del «procés». No al menos hasta después del 26-M. A pesar de la petición de la Fiscalía, y de los escritos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox presentados ante la Mesa del Congreso para suspender a los presos electos «inmediatamente», todo apunta a que la decisión de Batet se postergará y no se hará efectiva hasta después de las elecciones del domingo.

El martes, tras prometer su cargo en la Sesión constitutiva de las Cortes, la presidenta envió una carta al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que le hiciera llegar al tribunal del «procés» su interés en que elabore un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Cámara Baja sepa cómo proceder en el momento de suspender a Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC, y de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya (JxCat). Fuentes del Alto Tribunal, consideran, sin embargo, que el artículo 21 del Reglamento del Congreso es suficientemente claro y que el Supremo no necesita más intervención de la que tuvo cuando rechazó el suplicatorio.

Tras su audiencia con el Rey Felipe VI, Batet justificó este movimiento en que el auto en el que el tribunal del «proces» resolvió «se refería solo a la Sesión constitutiva» y en que la presidencia de la Cámara quiere «conocer la situación para toda la legislatura» antes de tomar una decisión.

Su petición de información al Supremo paraliza de facto la decisión de la Mesa del Congreso, que se reúne hoy, a la espera de una respuesta, y fuerza al Supremo a pronunciarse otra vez sobre un asunto que ya dejó en manos de las cámaras. El desacuerdo es un hecho: para Batet, son los magistrados quienes deben pronunciarse sobre la suspensión. «El Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quien está juzgando», expresó ayer, negando que, sostiene el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su petición dilate la decisión. Al contrario, «pone en marcha un proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión».

La Mesa de la Cámara Baja se reúne hoy a las 12.30 horas del mediodía para abordar la situación, pero sin la respuesta del Supremo es muy previsible que no se tome ninguna decisión. Batet además tampoco aclaró ayer si el órgano de gobierno pedirá hoy un informe a los letrados del Congreso sobre cómo proceder con los presos. «Mi posición es esperar a que se reúna la Mesa y podamos debatir cuál es la mejor vía, y si es necesario pedir informes adicionales se hará», expresó.

Malestar en el TS

La decisión de Batet de dejar en manos del Supremo un paso que tienen que dar las Cortes en aplicación de su propio Reglamento ha causado malestar en el tribunal del «procés», que considera que el auto que dictó el pasado 16 de junio (en el que dio permiso a los diputados para asistir a la sesión constitutiva de las Cortes) deja claro que son las mesas de las cámaras las que tienen que proceder a esta suspensión.

No obstante, y ante las dilaciones del Legislativo a la hora de aplicar esta medida, la Fiscalía instó ayer al Alto Tribunal a que recuerde a las Cortes que tienen la obligación de suspender de forma inmediata de los cinco parlamentarios. Para ello alude al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mismo precepto que se aplicó a los acusados para apartarles de sus funciones como diputados autonómicos. Ese artículo señala que se procederá a la suspensión de cargo público del procesado por rebelión que esté en prisión preventiva.

El escrito del Ministerio Público hace referencia a «la obligada adopción por imperativo legal de la medida de suspensión de funciones en el cargo público» de los cinco presos y considera que la ejecución de la suspensión debe ser aplicada por Congreso y Senado «sin más trámites».

Pero no es ese el criterio que manejan ahora los socialistas. Aunque nadie duda que la resolución final de este caso terminará con los cuatro diputados suspendidos en sus funciones parlamentarias. La paradoja es que si son suspendidos y no renuncian a sus actas se alteraría la composición de la cámara y Sánchez tendría más sencillo alcanzar la mayoría absoluta, que se situaría en 173 diputados. Aunque lo previsible es que una vez que se produzca la suspensión los afectados por la misma optarán por dejar sus actas.

El Gobierno da un paso atrás

El Ejecutivo parecía tener muy claro hace unos días cómo debía resolverse el caso. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestó el martes antes de la sesión constitutiva que «al Gobierno no le toca tomar esta decisión». Y remitía al auto del Supremo que establece «los límites que tienen estos cuatro diputados». Ese es precisamente el auto que ahora Batet argumenta que solo se refiería a la constitución de las Cortes.

La número dos del Gobierno fue muy clara respecto a que el final de este litigio es la suspensión: «Es obvia, evidente, está claramente contemplado en el Reglamento del Congreso». Calvo lo repitió en una segunda entrevista: «El Reglamento del Congreso en su artículo 21.2 dice que no pueden ejercer el cargo quienes estén incursos en un un proceso y en prisión preventiva». Esta argumentación habilitaría a una suspensión inmediata.

Pero en el Ejecutivo estaban ayer ya en otros ritmos, en sintonía con el planteamiento de la presidenta del Congreso. Ayer ya se pisaba el freno y se defendía que el procedimiento seguido por Batet «es lo lógico» porque la cuestión «no está tan clara». En el PSC consideraban ayer que la cuestión está siendo protagonista en la campaña municipal en Cataluña, aunque tampoco creen que tuviera una gran incidencia la decisión porque ya se da por asumida: «Creo que no hay muchas opciones. Lo que tiene que ser tiene que ser».

Desde el Gobierno ayer se defendía sin lugar a dudas que la cuestión tiene que acabar con la suspensión de los presos. «La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento del Congreso establecen con claridad, y sin margen para la interpretación, la suspensión de los cargos públicos mientras estén en prisión provisional», defendían ayer fuentes de la presidencia del Gobierno. No obstante, se optó por parapetarse en las decisiones que adopte Batet: «Nosotros como Gobierno no podemos tener posición más allá del respeto al poder judicial y al poder legislativo». Pero desde la certeza que se traslada respecto a la suspensión, se defiende que «la cuestión es cómo hacerlo», pero se rechaza apremiar al Congreso porque «es una cuestión ajena al poder ejecutivo».

En la reunión de hoy, PP y Cs pedirán que la suspensión se haga ya efectiva, mientras Podemos no descartó ayer votar en contra.