Suiza remite a España parte de la comisión rogatoria sobre las supuestas comisiones de Don Juan Carlos

Esas fuentes explicaron que la documentación ha llegado a Anticorrupción porque fue el órgano desde el que se hizo la solicitud. Ahora se está procediento a su traducción al castellano para su remisión a la Fiscalía del Supremo, en la que ha asumido la investigación el fiscal de Sala de la especialidad de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos.

La investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. La competente es la Sala Segunda porque es ante la que estaría aforado.

Las pesquisas arrancaron en el año 2018 cuando trascendieron unos audios grabados subrepticiamente por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que Corinna Larssen, amiga del Don Juan Carlos, afirmaba, entre otras cosas, que el anterior monarca se había llevado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE del desierto a un consorcio español.

Los audios se incorporaron a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre Villarejo, pero tras constatar que el Rey era inviolable en las fechas de la adjudicación (2011) y que no había más pruebas que el relato de Corinna, el instructor de la causa dictó el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cogió el testigo y comenzó a investigar posibles delitos de corrupción en las transacciones internacionales, entre otros.

Tomó declaración a la supuesta intermediaria iraní en aquel negocio, Shahpari Azam Zanganeh, y recabó documentación al consorcio adjudicatario de la infraestructura, entre otras diligencias. En paralelo, la Fiscalía de Suiza, que investigaba delitos de blanqueo de capitales en el contexto de las actividades del gestor de cuentas Arturo Fasana y el letrado Dante Canónica, incorporó este asunto a su causa tras encontrar transferencias millonarias en favor de la propia Larssen que ella atribuía a Don Juan Carlos y que procedían de sociedades en paraísos fiscales.

Ahí comenzó a complicarse la situación para el anterior monarca, pues si bien los hechos en torno a la adjudicación no le serían imputables dada su inviolabilidad en aquellas fechas , el movimiento posterior del dinero presuntamente obtenido con estas y otras comisiones habría tenido lugar más allá de 2014, cuando ya había abdicado.

La comisión rogatoria reclamada a Suiza contendría ya hallazgos sobre esos movimientos de fondos.