Sólo uno de cada cinco asilos reconocidos por el Gobierno en 2019 fue para mujeres inmigrantes

En los últimos meses, la interceptación en el sur rumbo a España de embarcaciones compuestas íntegramente o de forma mayoritaria por mujeres ha dado la sensación de que cada vez son más las que se aventuran a utilizar esta ruta. También han empezado a poblar las pateras que se detectan en Canarias, algo que no ocurrió durante la crisis de los cayucos de 2006. Pero los datos del Ministerio del Interior lo desmienten. En 2019, ellas fueron un 12% de los 32.513 inmigrantes irregulares contabilizados en las vías marítimas y terrestres de entrada, una proporción en línea con la de periodos anteriores.

Este mayor foco en la presencia femenina dentro del fenómeno migratorio obedecería más bien a la corriente en favor de la «visibilización» de la mujer, según la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), María Jesús Vega, que subraya que hay que aprovechar esta oportunidad para reclamar que el sistema de asilo incorpore de una vez por todas un tratamiento «con perspectiva de género» para estos perfiles. No hay uno exclusivo.

Los estudios de Tyzsler describen que muchas son madres o tiene a cargo hermanos y se arriesgan para intentar ofrecerles una mejor vida, pocas tienen estudios y buscan oportunidades profesionales, y abundan las que son víctimas de maridos agresivos o de abandono, incluido el de sus propias familias. «Sufren abusos brutales, a veces en su propio país de origen, que es por lo que huyen: mutilaciones, matrimonios forzosos, crímenes de honor..., pero que además han sido sometidas a ellos durante el periplo», advierte la experta de ACNUR, para quien la primera carencia en España está en el momento mismo de la acogida. Falta de personal bien formado» -incluidos intérpretes mujeres, especifica-, capaz de identificar qué agresiones arrastran y de «poner en marcha los mecanismos de protección para asegurar que ninguna en esas circunstancias se quede sin ayuda».

Un paso más allá, a la hora del asilo, reprocha María Jesús Vega que están por trasponer directivas europeas que distinguen como solicitantes con especiales necesidades «a las mujeres y niñas supervivientes de violencia sexual y de género» y que la vigente Ley de Extranjería ya hace referencia desde 2009 a la posibilidad de conceder el derecho a esas personas como perseguidas, aunque el detalle se dejó pendiente de un desarrollo reglamentario que más de diez años después no existe. El resultado de una sucesión de defectos en la consideración de estos casos puede ser el desamparo, que en un colectivo tan vulnerable suele desembocar en diferentes maneras de prostitución.

Desde la Administración, se sostiene que, aunque las normas de la UE no están incorporadas a la legislación, se cumplen. Pero la prueba fehaciente de que «no se está teniendo en cuenta que la experiencia migratoria de la mujer está fuertemente atravesada por la violencia de género» reside, para la profesora Almudena Cortés, de la Universidad Complutense de Madrid, en las cifras oficiales.

Los datos de la Oficina de Asilo y Refugio dependiente de Interior revelan que en el último lustro, las peticiones suscritas por mujeres dentro del total registrado en España han crecido del 39,1% en 2015 al 45,4% en 2019. No obstante, en este último año, de los 1.653 estatutos de refugiado que se concedieron, solo 414 fueron para ellas (un 25%), y en el caso de la condición de protección subsidiaria, acapararon nada más que 243 de los 1.503 que se expidieron (un 16,1%). Sumando las dos modalidades, el resumen es que las inmigrantes únicamente fueron beneficiarias de uno de cada cinco derechos de protección internacional resuelto favorablemente. Dicho de otro modo, el 80% restante de esos derechos se otorgó a hombres.

Esta infrarrepresentación -coincidente con el primer ejercicio íntegramente bajo gobierno de Pedro Sánchez , aunque gran parte en funciones-, resulta muy llamativa habida cuenta de que en los anteriores, los reconocimientos de una y otra figura que fueron a parar a manos de mujeres oscilaron entre el 37 y el 46%, más acorde con el volumen de solicitudes presentado por el conjunto de ellas. (Al margen, cabe mencionar que el Ejecutivo autorizó a 7.605 venezolanas permisos de residencia de un año por razones humanitarias, medida que se adoptó expresamente en atención a la crisis de Venezuela) .

«Todas han sufrido violencia sexual», sentencia Cortés, también investigadora del Barcelona Centre for International Affairs, Cidob, que defiende que «es urgente» que junto a las casuísticas que contempla la ley para la concesión de alguna modalidad de protección internacional -persecución por motivos religiosos, políticos... - aterrice ya «de manera clara el motivo de la violencia de género» , pero admitiendo además que «no se puede demostrar lo indemostrable».

Conviene no olvidar, indica, que estamos en el contexto de países africanos y de sociedades alejadas de los cánones de igualdad. «Hay mujeres que consiguen huir de su esposo, que en un recorrido de dos años han sido captadas por una red de trata y escapan ... pero es muy difícil que les concedan asilo porque les piden pruebas. ¿Qué pruebas van a tener?» , incide. Al margen, la profesora reflexiona sobre las «que viajan solas y desaparecen por el camino», un drama en torno al que «se están viendo movimientos familiares pidiendo identificaciones de cuerpos, como en la frontera mejicana».

No hay cifras tampoco, recalca Almudena Cortés, de cuántas cientos o miles permanecen en los campamentos clandestinos de los bosques de Marruecos esperando su oportunidad en una patera, a veces durante años, allí donde Tyszler refleja que sus «servicios sexuales» son el recurso para sobrevivir , para acceder a lo más básico o para lograr protección frente a otros hombres que constituyen una amenaza para ellas.