Seis maneras de favorecer a los líderes del «procés»

Las visitas de los familiares y amigos a los internos están reguladas y limitadas, y no consta que en el caso de los políticos presos no se hubiese respetado este protocolo. Pero los líderes de «procés» se aprovecharon de una interpretación cuando menos generosa del reglamento penitenciario y de la Ley Orgánica General Penitenciaria para convertir Lledoners en su despacho. Y es que, así como existe un límite en cuanto al número de visitas de familiares que pueden recibir en el centro penitenciario, no lo hay respecto a las de las «autoridades». Y Lledoners se transformó en un centro de peregrinaje de políticos de primera, segunda y última fila.

La Fiscalía cuantificó en unas 2.300 las visitas de supuestas autoridades que los políticos independentistas recibieron en las cárceles catalanas en solo seis meses. Fue en 2018, antes de que fuesen trasladados a Madrid para juzgarles en el Tribunal Supremo. La cifra la desveló recientemente en sede parlamentaria el fiscal superior catalán, Francisco Bañeres. Los invitados iban desde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que los visitó en treinta ocasiones en 21 meses de mandato, hasta el concejal independentista del pueblo más remoto de Cataluña. Para algunos, rendir pleitesía a los líderes del «procés» se convirtió así en una obligación para hacer carrera política en Cataluña. Acudió también a Lledoners Arnaldo Otegui, pese a que el líder de Bildu no es un cargo público. Fuentes jurídicas consultadas por ABC dudan de que una lectura tan extensiva de lo que es una autoridad estuviera presente en el espíritu del legislador al redactar estas normas.

Los nueve líderes independentistas están clasificados en segundo grado (régimen ordinario), lo que sobre el papel no habría de permitirles salir de la cárcel a diario a trabajar o cuidar de familiares. Y es que estas prerrogativas son propias del tercer grado (semilibertad). Pero el reglamento penitenciario permite cierta flexibilización para combinar aspectos de diferentes grados. Una de estas herramientas es el ya famoso artículo 100.2 que, en el caso de los líderes secesionistas, les permite varias salidas semanales para trabajar, hacer voluntariados o cuidar a familiares, dependiendo de cada caso.

Lo deciden las juntas de tratamiento de cada prisión y puede ser de aplicación inmediata, aunque luego un juzgado de vigilancia penitenciaria debe ratificarlo. La juez de vigilancia penitenciaria ya ha avalado el que Lledoners concedió a Cuixart, en contra del criterio de la Fiscalía, a quien todavía le queda la baza de recurrirlo ante la Audiencia de Barcelona. Apenas cinco meses después de ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, los nueve presos del «procés» ya pueden salir periódicamente. Se le ha concedido al cien por cien de los líderes independentistas, mientras que a solo 400 de los aproximadamente 6.000 presos que cumplen condena en las cárceles catalanas se le ha aplicado. Esto demuestra que, cuando menos, es un artículo de uso poco habitual.

El trabajo y el voluntariado fuera de la cárcel, al menos sobre el papel, son parte del tratamiento de los internos para facilitar su reinserción en la sociedad una vez cumplan condena. Seis de los nueve presos tienen permisos para trabajar, pero en algunos de los casos la Fiscalía ha reprochado a la prisión que esas labores poco o nada tienen que ver con su rehabilitación respeto a los delitos (especialmente sedición) por los que fueron condenados. Jordi Cuixat va a trabajar a su propia empresa. Raül Romeva, en una asociación que hace seguimientos a los avances de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Josep Rull lo hará en Mutua Terrrasa. Joaquim Forn va a trabajar como especialista en asuntos legales en Mediapro, la productora de Jaume Roures alineada con el «procés». Y Oriol Junqueras se preparará él mismo un curso a medida para impartir en el campus de Manresa de la Universidad de Vic, donde esta semana fue recibido con honores por la vicerrectora y buena parte del alumnado.

Carteles a favor de los «presos políticos» y lazos amarillos han sido estampa habitual en edificios públicos de la Generalitat y en las solapas de muchos de sus funcionarios. Tanto, que hasta el director general de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Calderó, acostumbraba a lucirlo. Fuentes sindicales han explicado a este diario cómo también en las propias cárceles el trato que algunos funcionarios de prisiones afines al «procés» dispensan a los líderes condenados por sedición dista mucho del que dan al resto de presos. En algunos casos, la complicidad es evidente, recalcan las mismas fuentes.

Algunos de los políticos del «procés» decidieron hacer una (breve) huelga de hambre en prisión. Y al presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, no se le ocurrió otra cosa que comprometer a su institución encargándose de supervisar el estado de salud de los presos que se habían sumado a esta iniciativa. Durante aquellos días fue el portavoz de los internos. En su perfil de Twitter luce un lazo amarillo.

¿Cuántas parejas de presos tienen cada día los micrófonos de una televisión generalistas a su servicio? Pocos, si descontamos ciertos programas de televisión de crónica negra que no tienen reparos en entrevistar en directo, si hace falta, a la abuela del asesino. Y, por supuesto, las parejas y familiares de los líderes independentistas, que en los medios públicos catalanes siempre encuentran un altavoz. Y no solo familiares, sino también sus abogados, e incluso ellos mismos, pues ahora durante sus permisos suelen acaparar buena parte del «prime time» de TV3.